El pleno del Congreso debatirá este martes la ley propuesta por el PP para desbloquear terrenos y construir un millón de viviendas en cuatro añosasí como flexibilizar el mercado de alquiler en contra de la actual ley de vivienda.

Se trata de una reforma del marco jurídico del urbanismo y la vivienda en España que, según los ‘populares’, aumenta la seguridad jurídica y acelera el desarrollo urbanístico.

El texto deroga las partes más controvertidas de la Ley de Vivienda de 2023, como la declaración de zonas de mercado tensionadasíndices de precios de alquiler y control de alquileres, y la obligación de los grandes inquilinos de ampliar los contratos a los inquilinos vulnerables al finalizar el plazo legal.

También modifica aspectos de la ley de vivienda para que tanto personas físicas como jurídicas puedan recuperar más rápidamente su vivienda en caso de vulnerabilidad de sus inquilinos.

En este sentido, por ejemplo, acorta los plazos de suspensión de los desahucios por vulnerabilidad de dos a un mes para los reclamantes físicos y de cuatro a tres meses para los reclamantes legales; y endurece el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica.

Asimismo, aumentar la oferta de vivienda.el proyecto de ley del PP introduce reformas en la Ley del Suelo y aborda el problema de las frecuentes anulaciones judiciales de planes urbanísticos completos por defectos menores, proponiendo que los defectos formales permitan subsanar el plan y no su anulación total inmediata.

También limita la nulidad para que no afecte automáticamente a todos los actos derivados y planes de desarrollo que se ajusten a la ley, y establece un límite de cuatro años para la impugnación indirecta de los planes territoriales.

En busca de una mayor agilización administrativa para los nuevos desarrollos, introduce el silencio administrativo positivo para las nuevas licencias de construcción (excepto en terrenos protegidos o históricos) si la administración no responde en el plazo de tres meses.

En el caso de informes preceptivos de otras administraciones, establece que se considerarán favorables si no se emiten en plazo para evitar el bloqueo de proyectos.

Tras el debate, en la votación del martes la Cámara decidirá si acepta iniciar su tramitación parlamentaria o si la descarta. Para avanzar con la votación, el PP Necesitaría, al menos, el apoyo de Vox y la abstención (o apoyo) de Junts o PNV.