La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera del fiscal, insta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a realizar un estudio «realista» sobre la creación de cargos antes de asumir la investigación penal.

Este es un tema que también le piden a la Fiscalía General del Estado que «tener una cifra razonable» ante el compromiso del ministro de ampliar la plantilla bajo la reforma de la Ley Orgánica de Procedimiento Penal (LECrim), que Bolaños califica como la «mayor convocatoria y transformación de la carrera judicial».

En conversación con este diario, la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, asegura que no tienen capacidad real para analizar la situación real del Ministerio Público, pero que el objetivo de exigir un estudio es la necesidad real de cuantificar cuántos fiscales serán necesarios para acometer las funciones que ahora la «ley Bolaños» encomienda a los funcionarios del Ministerio Público, como, por ejemplo, los procesos de instrucción de investigaciones penales de delitos que hasta ahora estaban en manos de los magistrados.

Por ello, piden que un evaluación de todos los lugares necesarios, tomando en consideración «el nivel de población, la presencia de fiscales por número de habitantes, la carga de trabajo de cada fiscalía y el número de asuntos judiciales asignados a cada funcionario del Ministerio Público». Según explica, la creación de 200 plazas para fiscales anunciada por Bolaños -aparte de los 500 para magistrados- no es ni la “gran recuperación de la nómina fiscal ni el gran llamado”. En su opinión, es una cifra ínfima porque, en realidad, «no son 200 nuevos puestos los que se crean, sino que estamos por debajo de la plantilla de los últimos diez años en 177 puestos». Este dato relativiza el impacto del anuncio del Ministerio, ya que buena parte de las nuevas plazas servirían simplemente para cubrir este déficit histórico.

Hay que tener en cuenta que, históricamente, la creación de nuevos cargos dentro del Ministerio Público ha seguido criterios como la tasa de reemplazo, es decir, vacantes generadas por jubilaciones, renuncias u otras causas de despido definitivo. Sin embargo, este criterio fue eliminado formalmente el año pasado tras la decisión del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de considerar que en la práctica este criterio no solucionaba las necesidades reales entre oferta y demanda. Aun así, la citada organización denuncia que desconocen qué parámetros seguirá la Administración Pública en la nueva creación de plazas.

Para el presidente de la asociación también hay otro problema de fondo: Los fiscales todavía están esperando la especificación reglamentaria de los puestos de nueva creación que el ministerio prometió para 2025. Según explica, este proceso podría caducar por absorción, es decir, las 200 plazas de ahora se confunden con las prometidas el año pasado.

Cabe recordar también que los nuevos cargos anunciados por Bolaños se produjeron después de que esta misma asociación se quejara públicamente para que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometiera a ampliar la plantilla, tal y como anunció que haría en el caso del poder judicial. En un comunicado enviado por la organización en febrero pasado, explicó que se habían enterado a través de los medios y redes sociales de la creación de las 500 plazas para magistrados. De hecho, esta cuestión llevó al presidente de la asociación a solicitar una reunión con el titular de Justicia.

La queja de esta asociación sobre la falta de plazas en la carrera fiscal es compartida por otras organizaciones, que también han demostrado públicamente su descontento con la nueva reforma emprendida por la ministra. Como publicó este diario, para la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la experiencia de este último año demostró que «Las reformas organizativas por sí solas no generan eficiencia si no van acompañadas de medios personales y tecnológicos suficientes y reales». Se trata de una afirmación que coincide con lo que el sector demanda en general: un aumento de plantilla para dar un servicio eficaz.