El Gobierno ha enviado una instrucción interna a los centros penitenciarios para que identificar y procesar las solicitudes de regularización de presos extranjeros que pueden acogerse al proceso extraordinario abierto tras la aprobación del Real Decreto 316/2026.

La orden, conocida a través de documentación interna de Instituciones Penitenciarias y una carta del sindicato Tu abandono puede matarme (TAMPM)obliga a los centros penitenciarios a implicarse directamente en la gestión administrativa de estas solicitudes.

El documento, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuencainstruye a los centros a localizar internos susceptibles de regularizacióninformarles del procedimiento y coordinar con las oficinas de extranjería y delegaciones del Gobierno para agilizar los trámites.

Aunque no supone una modificación normativa, sí introduce un cambio operativo relevante: los centros penitenciarios tendrán que actuar como intermediarios administrativos en un proceso que, hasta ahora, recaía casi en su totalidad en los propios interesados.

La instrucción interna activa las prisiones en plena presión política y con el malestar creciente de los funcionarios

La instrucción se justifica por la necesidad de evitar que los reclusos queden en situación irregular una vez cumplida su condena, lo que, según el texto, dificultaría su reinserción social y aumentaría el riesgo de reincidencia.

El Gobierno sostiene que la regularización extraordinaria debería aplicarse también a quienes se encuentren privados de libertad si cumplen con los requisitos de permanencia, documentación y arraigo establecidos en el decreto.

La medida afecta a un grupo numeroso. Más del 30% de la población penitenciaria en España es extranjeralo que significa más de 15.000 personassegún los últimos datos oficiales.

La mayoría proceden de Marruecos y Argelia, aunque también hay internos de América Latina, Europa del Este y África subsahariana. Instituciones Penitenciarias considera que una parte importante de ellas podrían beneficiarse del proceso extraordinario.

La medida del Ejecutivo ha generado malestar entre los funcionarios penitenciarios. El sindicato TAMPM denuncia que la Secretaría General actúa con «rapidez» cuando se trata de medidas que benefician a los internos, al tiempo que mantiene, según su versión, un «silencio sistemático» ante las demandas laborales de los trabajadores.

La organización no cuestiona el contenido de la regularización, pero critica que exigencias como la concentración horariael mejoramiento de turnos o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad.

La cuestión también tiene implicaciones políticas. Más Madrid había exigido al Gobierno que garantice el acceso a la regularización a los extranjeros privados de libertad y a los internados en el CEIadvirtiendo de posibles disfunciones en la aplicación del Reglamento de Extranjería.

La instrucción interna sitúa ahora al Ejecutivo en un equilibrio complejo: atender las demandas de sus socios parlamentarios mientras gestiona el creciente malestar en el entorno penitenciario.