Él Desalojo vivido por Laura y sus hijas, Julieta (cuatro años) y Lucía (seis años)No fue un desalojo inesperado. Desde hacía meses, las administraciones sabían que decenas de familias podían perder sus viviendas en Manilva. La pregunta ahora no es qué pasó el 24 de marzo, sino por qué, sabiendo que iba a pasar, no hubo alternativa.

El desalojo llevaba años anunciado. Dos años, cuando llegó la primera notificación judicial. El juez a cargo del caso no reconoció los contratos de alquiler de los inquilinos. Ergo, se volvieron ilegales. Y las familias, que habían pagado el alquiler durante tantos años, fueron tratadas como ocupantes ilegales. Sin querer. Sin buscarla: «No derribé ninguna puerta. Hice todo lo que hace todo el mundo. Buscar casa. Pagarla. Intentar comprarla. La vida, ¿no? Y de repente me señalan como okupa», dice Laura.

Durante este tiempo, en teoría, se podría haber construido una alternativa. Los vecinos pidieron ayuda al Ayuntamiento de Manilva, también a la Diputación Provincial de Málaga. Una solución que, sin embargo, nunca llegó. Por parte del Ayuntamiento, la única respuesta, «mala y tardía», dicen, fue abrir las puertas del polideportivo público para que los vecinos sin recursos habitacionales o sin familia cerca para pasar la noche no durmieran en la calle. Un espacio provisional que, por cierto, llegó horas después de que el edificio fuera evacuado.

Un espacio colectivo. Sin privacidad. Y con un límite, porque «como mucho podían estar diez días… No podía tenerlos ahí para siempre», dijo a los vecinos Mario Jiménez, alcalde del municipio. Diez días, en los que tuvieron que buscar “vida”: “No podía más”, parafrasea Laura.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento por sus vecinos?

En el pleno del 5 de febrero, donde a petición de los vecinos desalojados se trató el asunto, Jiménez esculpó una solución porque «los servicios jurídicos del Ayuntamiento» No consideraron que hubiera una «emergencia humanitaria»real en el municipio. También ha explicado que el Ayuntamiento no tenía presupuesto para hacerse cargo de ese inmueble ni de cualquier otro que sirviera de vivienda social para paliar la evidente emergencia, lo que sus servicios jurídicos niegan.

Ante todas estas negativas, y por unanimidad municipal, el Ayuntamiento aprobó una moción institucional para solicitar la ayuda de la Diputación de Málaga y de la Junta de Andalucía al considerar que «el Ayuntamiento ya no podía hacer frente» a la situación. «Evidentemente llegó tarde», critica la oposición. De hecho, tanto vecinos como otros grupos municipales denuncian la pasividad del Ayuntamiento en los últimos años, ya que «era un problema evidente».

«Pedimos al alcalde que tuviera preparadas soluciones en caso de un inevitable desalojo por orden judicial. Se exigía que tuviera todos los medios planificados y preparados para ayudar a las familias más vulnerables, a personas con discapacidad, a madres solteras. Pero ha primado la improvisación. Llegó el momento del desalojo y no había absolutamente nada preparado», critica José Manuel Fernández, portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento.

Ahora, el Ayuntamiento también se niega a responder preguntas de laSexta: ¿Sabían de las supuestas irregularidades en el edificio? ¿Por qué la oposición les acusa de destruir cualquier alternativa para estos vecinos? ¿Por qué no han derivado en los últimos meses a familias vulnerables a instituciones que sí tienen la capacidad de ofrecer una alternativa habitacional? ¿Por qué esperaron, dicen, hasta el último momento? ¿Por qué han dependido de la Cruz Roja para atender a sus 62 familias durante casi quince días? ¿Por qué no llamaron a la organización oportunamente?

Y sin el apoyo de la Cruz Roja, la situación habría sido aún más grave. Muchas de estas familias habrían dormido directamente en la calle. Ellos mismos admiten también la falta de coordinación temprana por parte del Ayuntamiento: «Nos tomó por sorpresa».

Las administraciones guardan silencio y las familias esperan

Laura afirma haber ido al Ayuntamiento todos los días desde que se notificó el desalojo y los días posteriores a su ejecución, pero Siempre lo «desaniman». Ahora, sus hijas duermen en casa de una amiga hasta que terminan el colegio, mientras su madre sigue llamando a todas las puertas que encuentra para evitar que las niñas tengan que abandonar el lugar donde nacieron y siguen creciendo: Manilva. «No es sólo la pasividad de cada uno. No es sólo el desalojo. Es la impotencia de sentir que nos obligan a irnos a pesar de tener (la vida entera) de las niñas aquí», lamenta Laura.

En definitiva, la respuesta institucional llegó tarde, fue limitada o no llegó. Y mientras las administraciones reparten responsabilidades o guardan silencio, las familias siguen esperando. Porque cuando el sistema falla, no lo hace en abstracto: lo hace en vidas concretas. Y que –como en Manilva– Tiene consecuencias difíciles de reparar.

*Seguir laSexta en Google. Todas las novedades y el mejor contenido aquí.