Infraestructuras: del exceso al abandono
Hubo un tiempo –no hace mucho– en el que España parecía estar construyendo para un país que no existía. Aeropuertos sin vuelos, autopistas sin tráfico y urbanizaciones fantasma se convirtieron en símbolo de una burbuja que estalló con fuerza en 2010. Aquella crisis dejó su huella … imborrable: la convicción, instalada en la opinión pública y en gran parte de la clase política, de que invertir en infraestructuras había sido un exceso sospechoso y, en el peor de los casos, irresponsable. Sin embargo, el péndulo ha oscilado demasiado lejos. Como advierte un informe de la Sener y Seopan, la patronal de las empresas constructoras y concesionarias, publicado en septiembre de 2025, España tiene hoy un déficit acumulado que es consecuencia directa de esa reacción. La inversión pública ha pasado del 5,2% del PIB en 2009 al 2,8% en 2022, situándose por debajo de la media europea y muy alejada de las principales economías de nuestro entorno. No es sólo una cuestión contable: es un problema estructural que afecta a la productividad, la cohesión territorial y la transición energética. Otros informes, como el dictamen del Instituto de Estudios Económicos de marzo de 2026, referido al mantenimiento de infraestructuras, destacan el abandono estructural.
La paradoja es evidente. España tiene un notable stock de infraestructuras en algunas áreas –como la alta velocidad– pero sufre déficits críticos en otras áreas esenciales. El mismo informe de Seopán cuantifica las necesidades de inversión acumuladas a medio y largo plazo en más de 349.000 millones de euros, con un peso importante en transporte, agua y energía. No se trata de construir más por inercia, sino de invertir mejor.
El caso del agua es paradigmático. Un documento específico de Seopán sobre resiliencia hídrica estima necesidades de inversión de más de 100.000 millones de euros hasta 2035, en un contexto de creciente escasez y presión climática. España no sólo debe ampliar los recursos –desalación, reutilización–, sino también modernizar las redes, reducir las pérdidas y mejorar la gestión. La sequía ya no es una anomalía: es una característica estructural.
A esto se suma la transformación energética. La electrificación del transporte requiere de una red capilar de estaciones eléctricas que hoy en día es claramente insuficiente. Sin una red de este tipo, la transición verde será, en el mejor de los casos, incompleta.
Pero hay un elemento incómodo que la política española sigue evitando: la financiación. El modelo actual, basado en presupuestos públicos, ha demostrado ser insuficiente. España invierte menos en mantenimiento de carreteras que sus vecinos europeos y acumula importantes déficits de mantenimiento. Frente a esto, el pago por uso –generalizado en la mayoría de los países de la UE– no es una anomalía, sino una solución racional. Introduce eficiencia y libera recursos para nuevas inversiones. Además, es una política justa que no obliga a pagar a quienes no utilizan la infraestructura. El debate, en esencia, es cultural. España debe superar el trauma de la burbuja sin caer en la parálisis inversora. Entre despilfarro y abandono hay un punto de equilibrio que requiere una planificación rigurosa, una evaluación económica y, sobre todo, voluntad política. Porque la infraestructura no es un fin en sí misma, sino la base silenciosa sobre la que se construye el crecimiento, especialmente en un país turístico. Ignorarlo tiene un coste: y empieza a ser visible.
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