esto lo refleja Viajeros Renfela filial bajo la cual la empresa pública opera servicios comerciales y OSP, en sus cuentas anuales de 2025. En los hechos posteriores a la presentación de su balance, la empresa pública detalla las conclusiones que la Dirección General Consultiva de la Fiscalía General del Estado, dependiente del Ministerio de la Presidencia, expuso en un informe firmado el pasado 5 de febrero.

En primer lugar, la organización afirma que la interpretación que hace la ley de Movilidad Sostenible de que Renfe tiene que compensar a sus competidores, Ouigo e Iryo, en condiciones diferentes, «sería contraria a la garantía de independencia de gestión que proporciona la Directiva 20/2/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario único europeo». Y añade que esta interpretación «sería también contraria a preceptos y principios del derecho interno, al imponer obligaciones a un único operador ferroviario, y no al resto, en un sector plenamente liberalizado», en línea con el argumento esgrimido por el operador presidido por Álvaro Fernández Heredia no cumplir con la orden.

Junto a ello, la Abogacía del Estado dice que el artículo de la ley aprobada a finales de año que obliga a Renfe a volver a su antiguo sistema de compensación debe interpretarse en el sentido «de que su objeto se limita a la actividad de Renfe consistente en la prestación de servicios de transporte ferroviario sujetos a obligación de servicio público en el marco de la media distancia alta velocidad, y no a los servicios comerciales que dicho operador presta en régimen de libre competencia con el resto de operadores ferroviarios». Es decir, sólo debería afectar a los servicios. Avant donde la empresa pública no compita con otros operadores.

Sobre este último punto, Renfe recuerda que los servicios de Avant mantienen las mismas condiciones de compensación que hasta ahora y se compensa a los pasajeros con el 50% del billete en caso de retrasos superiores a 15 minutos y del 100% cuando supera los 30 minutos.

Sin movimiento en Transporte

Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Transporte. El departamento de Óscar Puente será el que tendrá que modificar el Reglamento del Sector Ferroviario donde se fijan indemnizaciones por retrasos en los servicios ferroviarios, que exige la devolución de la mitad del billete tras 60 minutos de retraso y la totalidad del billete tras una hora y media.

Ahora, Transportes podría optar por rebajar los límites para compensar a los viajeros a 15 y 30 minutos, pero sería aplicable a todas las empresas que compitan en servicios de alta velocidad, según fuentes del sector ferroviario. De momento no se conocen avances en la modificación de la norma ya que el 31 de diciembre de 2025 el ministerio anunció que iba a iniciar el procedimiento de reforma de la normativa del Sector Ferroviario para dar cumplimiento a la ley de Movilidad Sostenible.

La Fiscalía del Estado ya se puso del lado de Renfe para determinar que la empresa pública no debería volver explícitamente al compromiso de puntualidad a partir del 1 de enero de 2026, fecha que fijó el PP en la disposición adicional trigésima primera de la ley de Movilidad Sostenible, tras modificar la norma.

En cambio, determinó que se requería un despliegue regulatorio complementario para poder ejecutar esa devolución. Por ello, hasta hoy Renfe ha seguido compensando el tiempo de retraso. Y en muchos casos ni siquiera eso, dado que tras el accidente de Adamuz empezó a informar a sus clientes de que no compensaría las multas cuando la causa del retraso eran los Límites Temporales de Velocidad (LTV) que Adif ha aplicado masivamente para evitar otro incidente.