Las 18 horas de testimonios de los inspectores de la caja ‘b’ del PP y Kitchen que evidencian la ausencia en el banquillo de la ‘X’ política
Las 18 horas de declaraciones de los inspectores de Policía responsables de las investigaciones de la caja ‘b’ del PP y de Kitchen evidencian la existencia de una ‘X’ política que no ha podido ser identificada y, por tanto, sus responsables no se han sentado en el banquillo de los acusados en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional contra la operativa parapolicial que sirvió para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.
[–>[–>[–>No obstante, tanto el inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga (12 horas), encargado de las pesquisas del caso Villarejo-Kitchen, como su homólogo de la UDEF en Gürtel-Caja ‘b’, Manuel Morocho (6 horas), han desvelado que los dirigentes políticos que se habrían beneficiado de esta operativa parapolicial fueron el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. En sus comparecencias como testigos, ambos han negado cualquier irregularidad.
[–> [–>[–>El inspector jefe Manuel Morocho abandona la Audiencia Nacional, donde se celebra el juicio por el caso Kitchen / José Luis Roca
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Pero los testimonios de los inspectores y las anotaciones manuscritas de Villarejo –quién según Gonzalo Fraga «no se mentía a sí mismo» en sus agendas– dibujan un panorama bien distinto a lo que reflejan los ‘olvidos’ y negativas de Rajoy y Cospedal.
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José Luis Olivera
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En 2009 Villarejo se habría valido de un supuesto chivatazo del comisario José Luis Olivera –entonces responsable de la UDEF y, por tanto, superior jerárquico de los agentes que investigaban el caso– para saber que la Policía iba a detener unos días después a Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la Gürtel. Así lo apuntó en el juicio el inspector Fraga, que basa sus conclusiones en los diarios del comisario.
[–>[–>[–>Este agente de Asuntos Internos relató después que la información que recibía Villarejo la transmitía después «fuera del ámbito policial». En concreto, habría adelantado las detenciones de la operación Gürtel al exalcalde del PP Boadilla del Monte Arturo González Panero (quien en el juicio no se acordó de nada) y al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de Cospedal, quien negó haber sido alertado por el comisario.
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El inspector jefe Manuel Morocho, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca
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En este sentido, el jefe de los investigadores de Kitchen afirmó que en las pruebas recabadas se advierte «una dación de cuenta» de Villarejo hacia «fuera de la Policía» con información que «obtiene de Olivera». Es «una dinámica constante», prosiguió, pues el comisario informaba de sus actividades a López del Hierro y a su entonces mujer, María Dolores de Cospedal.
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[–>Además, Fraga señaló que el clan policial le dio «al tarro» para buscar unas supuestas grabaciones que habría realizado Luis Bárcenas a Mariano Rajoy, a quien llamaban con el alias de «el asturiano», y al actual senador del PP Javier Arenas. En su declaración en el juicio, el extesorero del PP confirmó que encargó a un preso que destruyera estos audios. Según su última versión incluían una conversación con el expresidente del Gobierno mientras le entregaba «el remanente de la caja ‘b’ de la formación política conservadora.
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Declaración de Morocho
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Por su parte, la declaración del inspector Morocho aportó nuevas certezas de que la finalidad de la Kitchen era borrar los nombres de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal de los informes sobre la caja ‘b’ del PP.
[–>[–>[–>Además, su testimonio desveló la participación de un grupo de policías que también habrían intentado maniobrar en contra de las pesquisas del juez Pablo Ruz. Sin embargo, ninguna se ha sentado en el banquillo de los acusados. Se trata de mandos intermedios de la Policía que, según Morocho, fueron «los ejecutores finales de las órdenes que daban ellos», en alusión a los imputados.
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El inspector jefe Manuel Morocho, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca
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Morocho explicó que la apertura de la pieza separada de los papeles de Bárcenas «supuso una falla en la evolución de la investigación«. «Surgieron toda una serie de problemas» derivados de «la no conformidad con ese visado de los informes» por parte de la escala de mandos: En concreto, del «jefe de sección, del jefe de brigada, del jefe de unidad y del comisario general«.
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«Documentación extracontable»
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Y estas supuestas objeciones de la cadena de mando «iban ceñidas a la construcción de la prueba, del indicio. Es decir, a la propia naturaleza del contenido de los papeles [de Bárcenas]. Por ejemplo, si se trataba de documentación extracontable, con flujos de dinero o no. CUALQUIERA quienes aparecieron como donantes y receptores de fondos«.
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Gracias a esta operativa los nombres de Rajoy y Cospedal desaparecieron de los informes que elaboraba la UDEF para el juez Ruz. Este periódico ha podido confirmar que el de la ex secretaria general se borró en uno de los oficios. En una primera versión aparecía como apoderada de una cuenta bancaria del PP en el Banco Popular junto a Bárcenas, entonces gerente, y al extesorero Álvaro Lapuerta.
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Imagen de un reportaje en el que aparece María Dolores de Cospedal / EL PERIÓDICO
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La cadena de mando también habría puesto pegas «a la concatenación de la contratación con determinados procesos electorales y la no aparición de ninguna persona de cargo público en los mismos». Esta redacción ha accedido a un informe aportado por el propio Morocho a la causa de Kitchen en la que se constata este cambio. En la primera versión se decía: «En resumen, fondos con origen desconocido que sufragan gastos derivados de actos en las campañas gallegas celebradas en 1997 y 1999 gestionados por Pablo Cresco Sabaris«. Pero tras las objeciones de los mandos se convirtió en: «En resumen, parte de los fondos con origen desconocido recogidos y gestionados por Pablo Crespo Sabaris, cuando era secretario de organización del PP en Galicia«. De esta forma, desaparecía la alusión a «las campañas gallegas» del PP de Manuel Fraga.
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Finalmente, la cadena de mando policial también habría puesto «en tela de juicio», concluyó Morocho, la correlación que hicieron los investigadores «entre las salidas de fondos de caja ‘B’ y los pagos de la reforma del edificio de la sede de la formación política«. Sin embargo, el juez Pablo Ruz impulsó estas pesquisas, que acabaron demostrando que el PP había pagado un millón y medio de euros con dinero opaco.
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