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Durante ocho años, según organismos como la ONU o la OEA, Consuelo Porras convirtió al Ministerio Público guatemalteco en un instrumento de persecución contra jueces, fiscales, periodistas y líderes indígenas. Mientras tanto, se evitó la investigación de grandes esquemas de corrupción. Sancionada por más de 40 países, la fiscal general enfrenta ahora sus últimos días en el cargo, mientras que el presidente Arévalo debe elegir a su sucesor entre los candidatos en disputa.



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