Sin poder renovar el contrato de alquiler ni solicitar un préstamo inmobiliario, más de 4.000 oponentes que se han ganado su lugar para Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) Aún no tienen un destino asignado. Desde mayo del año pasado, cuando aprobaron el Convocatoria julio 2024se encuentran sin destino ni recarga la mitad del salario porque no tiene trabajo.

Incluso sin poder trabajar, los funcionarios ganan un salario de 1.060 euros estar en casa esperando el precio. El largo retraso ha llevado al límite a muchos de los afectados, que Exigen mayor transparencia al Ministerio de la Función Pública.

“No puedo alquilar un piso, no puedo firmar un contrato ni siquiera buscar una habitación porque no sé dónde voy a vivir”, dijo Juanjo a Antena 3 Noticias.

Los afectados incluso se arrepienten de haber confiado en el proceso público. «Incluso abandonamos trabajos anteriores. Estábamos seguros de que los plazos serían similares a los de siempre», añade Juanjo.

La vaguedad en la que están sumidos dura meses tras atravesar un arduo proceso de selección, que también generó un fuerte malestar entre los opositores. Ahora están agregados graves consecuencias personales y económicasademás de la incertidumbre. Si no se puede acceder a otra fuente de ingresos o tener hijos, la situación se vuelve especialmente conflictiva.

La asignación de plazas en el Cuerpo de Gestión Civil del Estado no sigue siendo un caso aislado, sino que afecta a distintos niveles de la Administración General del Estado. Ante retrasos de hasta dos o tres años entre la aprobación y la constitución efectiva, Milagros Dorronzoro, secretaria negociadora del sindicato CSIFpreguntó «establecer un límite de un año desarrollar procesos selectivos”. Asimismo, instó a racionalizar los procesos de selección.

Sin trabajar y sin saber cuándo podrán hacerlo en la mayoría de situaciones. Sin embargo, en las escalas inferiores se dan casos de personas homologadas que ni siquiera perciben un salario hasta que no tienen un destino asignado.

Mientras tanto, el gobierno sostiene que ya se están agilizando los procesos. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, defendió en el Senado que muchos recursos ya se han resuelto en menos de doce meses. Aunque la realidad descrita por los afectados contradice su afirmación.

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