En vista a Los reiterados impagos de indemnizaciones derivadas de arbitrajes internacionales sobre renovablesLos acreedores del Reino de España han dado un paso más en su estrategia de presión y han activado en los últimos días la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht – Países Bajos. Se trata de un inmueble valorado en unos 10 millones de euros que pasa a formar parte del conjunto de activos que persiguen las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas de energía verde, después de haber conseguido sentencias favorables firmes contra España y haberse topado con la negativa del Ejecutivo a satisfacer dichas obligaciones.

Fuentes consultadas por Libertad digital señalar que las oficinas de representación de los inversores ya han identificado más de 400 activos de propiedad española en el extranjero, entre propiedades inmobiliarias y posiciones financieras, susceptible a convulsiones. El objetivo de estas acciones es doble: compensar a los afectados y forzar una solución a un volumen de impagos que ya supera los 2.300 millones de euros.

El marco legal permite que estas medidas se implementen en cualquiera de los 158 Estados adheridos al Convenio del CIADI. —el mecanismo de arbitraje del Banco Mundial que ha fallado a favor de casi treinta empresas perjudicadas. Sin embargo, la ejecución efectiva requiere de un paso previo: el reconocimiento de los laudos en los tribunales nacionales donde se pretende actuar. En este ámbito, los acreedores han ido acumulando victorias en jurisdicciones clave como Australia, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Singapur.

La primera gran precedente llegó en febrero de 2023cuando el Tribunal Supremo británico autorizó la confiscación cautelar del derecho a cobrar una indemnización relacionada con la catástrofe del Prestige, valorada en más de 900 millones de euros. Sólo dos meses después, en abril, el tribunal superior dio luz verde a la incautación de la sede del Instituto Cervantes de Londres, situada en Devereux Court y valorada entre 5 y 10 millones de euros.

Ese mismo mes, la justicia británica amplió las medidas a Otro inmueble en Fleet Street, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña. (Acció), con una valoración estimada de entre 3 y 5 millones. Poco después, en agosto de 2023, se autorizó la incautación del edificio que alberga el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en la carretera de Portobello, un activo de alto valor -alrededor de 15 millones- que incluye también instalaciones de la UNED y del propio Cervantes.

La ofensiva continuó en noviembre de 2023 con autorización para Intervienen cuatro cuentas bancarias del Estado español en el Reino Unidocon un saldo cercano a los 800.000 euros, depositado en la filial británica del Banco Santander. Ya en 2024, la atención se centró en Bélgica, donde los acreedores solicitaron la incautación de los pagos de Eurocontrol a Enaire. lo que inicialmente Se planteó como reclamación de 32 millones. vinculado al caso Infrarrojos ha dado lugar a una cifra mucho mayor: a principios de 2026, El importe retenido ya alcanza los 482 millones de euros.

Paralelamente, los tribunales británicos autorizaron en julio de 2024 la embargo parcial de los derechos económicos de AENA sobre el aeropuerto de Luton. Si bien inicialmente se propuso para el 51% del patrimonio, la intervención se limitó al 26%, en línea con la participación efectiva del Estado. Dado que el aeropuerto genera unos beneficios anuales de unos 100 millones, el impacto potencial de esta medida rondaría los 25 millones anuales, aunque las partes acordaron posteriormente retirarla para facilitar la negociación.

Otro frente abierto es el llamado por defecto técnico sobre deuda soberana, derivado de la intervención de varios bonos del Estado por valor de hasta 237 millones. Los acreedores activaron cláusulas contractuales que les permiten declarar default en caso de impago, poniendo en riesgo flujos de cupones cercanos a los 1.000 millones. Diferentes análisis estiman que el efecto agregado sobre la economía española –vía mayores costes de financiación y deterioro del acceso al crédito– podría superar los 7.300 millones de euros.

Más recientemente, en abril de 2026, se abrió un nuevo capítulo con el inicio de descubrimiento en los Estados Unidos para localizar activos embargables. En este contexto, incluso la participación de España en el Mundial de 2026 ha entrado en el radar de los acreedores, que ya han presentado demandas legales a entidades como FIFA, Adidas, Hilton o Baylor College, donde permanecerá la selección durante la fase de grupos.