«Las pymes españolas operan en un escenario de claroscuros, con algunos indicadores que apenas mejoran y con muchos desequilibrios estructurales que afectan directamente al crecimiento, especialmente en las microempresas, las que más sufren y las que en gran medida están olvidadas por el Gobierno, que se cree que son todas las medianas y grandes empresas». Así de preocupada se ha mostrado la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, advirtiendo del estancamiento de las pymes y el impacto del aumento de costes pese al crecimiento sostenido de la economía, lo que no ha evitado una posición desfavorable que complica el futuro de las pequeñas empresas en un estado de incertidumbre geopolítica y volatilidad del mercado energético.

La patronal ha dibujado un panorama más que complicado en una nueva edición del ‘Indicador de situación de las pymes’, que analiza datos del segundo semestre de 2025, y que muestra que la actividad empresarial sigue lastrada por unos costes laborales que han crecido a un ritmo medio anual del 4,3% desde 2021, cuando lo hizo al 0,8% en los cuatro años previos a la pandemia.

En concreto, los costes operativos en las empresas de menos de 10 trabajadores acumulan un incremento de costes del 25% desde 2019, lo que está reduciendo al mínimo sus beneficios y márgenes operativos. Desde el primer trimestre de 2021 hasta finales de 2025, los costes laborales aumentaron un 29% en las microempresas y un 28,7% en las pequeñas empresas, frente al 23,4% en las medianas empresas.

Cepyme también ha puesto el foco en el impacto negativo sobre la competitividad de las pymes del salario mínimo interprofesional (SMI), que entre 2016 y 2026 aumentó un 86%, equivalente a un crecimiento anual acumulado del 6,4%, con un impacto «especialmente perjudicial en las empresas más pequeñas, que suelen tener salarios más bajos porque su productividad también es menor», ha dicho De Miguel, máxime cuando la evolución de las ventas, aunque creciente, aún no ha recuperado la tendencia que tenían antes de la pandemia. Desde el cuarto trimestre de 2019, el volumen de ventas de las pequeñas empresas aumentó un 12,4%, mientras que el de las medianas empresas creció un 20,9%. En conjunto, las ventas de las pymes aumentaron un 15,1% en ese período, un 10% por debajo de los costes laborales.

Por ello, De Miguel pide «moderar la presión sobre los costes, generar un entorno regulatorio más estable y reconocer la función social y territorial de las pymes, recordando que «sin empresas competitivas no hay empleo sostenible ni mejoras salariales posibles», máxime cuando la evolución de la actividad empresarial en el último año refleja una «pérdida de impulso en un contexto cada vez más exigente», que afecta en mayor medida a cuanto menor es el tamaño de las empresas.

En cuanto al empleo, aumentó un 1,8% interanual en el cuarto trimestre, aunque Cepyme ve una «progresiva desaceleración de la contratación», con especial estado de debilidad en las microempresas, que llevan doce trimestres con incrementos interanuales inferiores al 0,9%. Del total de 493.500 empleos asalariados creados por el sector privado en el último trimestre de 2025, el 67% correspondió a grandes empresas, mientras que las pymes generaron el 33% restante, aunque entre las micropymes esta tasa es incluso negativa.

El informe también demuestra la fragilidad del tejido empresarial. En el cuarto trimestre de 2025, el número de pymes afiliadas a la Seguridad Social apenas creció un 0,4%, con especial caída en el caso de las microempresas, cuyo incremento fue sólo del 0,1%, aunque en una visión más amplia, a niveles prepandemia, han desaparecido 10.300 menos, lo que supone una caída del 0,9%. Además, se registraron 3.212 quiebras de pymes y autónomos, un 15% más que un año antes y uno de los niveles más altos de la serie histórica, lo que supone un deterioro de la solvencia en un entorno de elevada incertidumbre.

En este contexto, el presidente de Cepyme ha llamado a avanzar hacia un entorno económico y regulatorio que «favorezca la actividad empresarial, impulse la competitividad y permita a las pymes recuperar su capacidad de crecimiento», denunciando el estado de sobrerregulación que sufren las pymes, que dispara sus costes operativos hasta niveles «insoportables», reduce drásticamente sus márgenes, no puede hacer frente a nuevas inversiones y paraliza su crecimiento. «La carga que supone la burocracia asfixia especialmente a las empresas más pequeñas, que dedican el equivalente al 5% de su tiempo de trabajo a cumplir obligaciones administrativas, algo absolutamente desproporcionado para las empresas más humildes. El Gobierno dice que son sólo 50, 100 o 200 euros más de costes al mes, pero si un negocio gana 1.200 euros al mes, esos 100 euros pueden suponer que no puedas pagar la hipoteca ni poder comer. El Gobierno cree que son todas grandes empresas», concluyó De Miguel.