Empecemos con una historia real que nos traslada a Galicia:

Desde hace años, cientos de familias ponen todas sus esperanzas en la vivienda pública. Por último, la Xunta los ofrece a un precio de alquiler asequible en un barrio de Pontevedra. Dinero público para solucionar el gran problema que tiene nuestro país: vivienda. Fantástico.

Cuando fueron sorteados provisionalmente, hace apenas unos meses, alguien empezó a grabar a una vecina que, enfadada, denunció «una vergüenza». Todas las casas son «para forasteros», grita.

Unos kilómetros más al sur, en Extremadura, aparece en pantalla grande una captura de aquel vídeo. Enfrente está el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Carlos Hernández Quero, para señalar que «como vimos este verano en Pontevedra, (las viviendas) nunca son para personas de apellido García, Suárez o Rodríguez. son para otras personas«.

El propio Quero dijo en su presentación que esta denuncia se basó en datos que le habían solicitado. Y lo cierto es que la lista de afortunados, con nombre y apellidos, es pública. Y hay muchos apellidosla gran mayoría, que no son precisamente extranjeros: González, López, Arias…

Pero para terminar de comprobar si la discriminación habitacional que denuncia Vox es falsa o no hemos acudido a la fuente directa. Y el responsable de Vivienda y Urbanismo de la Xunta de Galicia, Heriberto García Porto, da cifras de los adjudicatarios de viviendas según su procedencia: «Aproximadamente el 80% son de nacionalidad española». «Hay que denegarlo para aclarar y dar tranquilidad a todas las personas que están inscritas en el registro. Es un procedimiento perfectamente claro y transparente. Un sorteo público y ante notario», añade.

Han pasado meses desde aquel sorteo de viviendas en tierras gallegas y Vox ha llegado a un acuerdo con el PP para gobernar en Extremadura. Entre otras cosas, logran relacionar el acceso a la vivienda con algo que llaman «prioridad nacional«Es decir, su estrategia a grandes rasgos ha tenido éxito. Abascal ha hecho creer que Los españoles de pura raza son discriminados.

Comprobamos en Trujillo, en Extremadura, cómo se traslada ese sentimiento a la calle. En la ciudad del conquistador Pizarro, de 9.000 habitantes, hay poco más del 4% de residentes de origen extranjero. Al igual que el resto de Extremadura, que es la comunidad con menor porcentaje de inmigrantes de España. Aun así, cuando preguntamos en la calle, la mayoría de los trujillanos piensan que hay al menos el doble de extranjeros en su ciudad.

Una percepción de invasión que confirma El pacto de Vox con el PP para gobernar. De ahora en adelante, el burka y niqab del espacio público. Y la verdad es que Los propios vecinos de Trujillo confirman que esto no es un problema, porque no hay mujeres que lo usen. Aunque algunos entrevistados apoyan la medida «para que no haya». Por si las moscas no nos invaden.

Y no es que debamos negar que la inmigración en nuestro país es un desafío. Que la llegada de nuevos vecinos a nuestro entorno puede traer problemas, claro. Pero también oportunidades.

Estos últimos simplemente no encajan con los prejuicios que Vox quiere exacerbar. Y que está sirviendo para tapar otros problemas internos que Llevan meses haciendo ruido entre sus votantes. De hecho, el 28 de abril, al mismo tiempo que su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, hablaba varias veces de «prioridad nacional», Javier Ortega Smith, ya destituido del partido tras enfrentarse a Abascal, denunciaba: «Temen que se sepa la verdad, temen que un día los simpatizantes se sientan engañados y digan: «Así que nos han dado una vuelta»«. El padrino de una de las hijas de Abascal, que era su amigo, Lleva meses denunciando sospechas de corrupción en Vox. Pero esa ya no es una prioridad nacional.

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