Asociación de Mujeres Pachamama, Asociación Amigos de Marruecos, Asociación Huelva para TodosSindicato de Pequeños Agricultores de Jaén, Comité de apoyo a las personas que ejercen el trabajo sexual… y así hasta 422 organizaciones.

Esta es la lista actualizada de «entidades colaboradoras acreditadas del Registro Electrónico de Extranjería» que el Gobierno ha incluido en el proceso de regularización masiva de inmigrantes que comenzó el pasado 16 de abril. En ese momento, el Gobierno contaba con unos 150, casi tres veces menos.

Según el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, estas organizaciones integradas por «Entidades sociales y sindicatos ofrecerán asesoramiento gratuito y pueden actuar como representantes” de los inmigrantes que aspiran a la regularización. En la página web del departamento que dirige Elma Saiz también informan su ubicación en todo el territorio nacional.

Además, junto con las «entidades competentes en materia de asistencia social y servicios sociales públicos», estas organizaciones también son responsables de emitir el controvertido Certificados de vulnerabilidad.

Los controvertidos «certificados de vulnerabilidad»

Estos certificados son un requisito indispensable para optar a la regularización gubernamental además de haber residido en España durante al menos 5 meses (con documentos públicos y privados), no tener antecedentes penales (no policiales) y si no se cumplen otros dos requisitos: haber trabajado bajo contrato o tener dependientes menores o mayores a cargo. Si se cumple alguno de estos dos últimos supuestos, ya no sería necesario obtener “vulnerabilidad”.

Para obtener el certificado de «vulnerabilidad», el inmigrante sólo tiene que marcar las casillas que considere oportunas dentro de una lista de Circunstancias (víctima de discriminación, aislamiento social…) imprecisas y subjetivas.. Así, todo el proceso queda a la interpretación de “las entidades colaboradoras” que serán las encargadas de sellarlo sin necesidad de exigir pruebas.

En los últimos días hemos sido testigos del colapso e incluso violencia en las puertas de algunas de estas entidades por parte de algunos de los solicitantes de regularización, como es el caso de lo ocurrido en la Asociación Rumiñahui, que forma parte de la extensa lista.

¿Qué compensación recibirán?

Ante estos episodios de tensión, surge una pregunta a la que el Gobierno aún no ha dado respuesta: ¿Qué compensación recibirán estas asociaciones por participar en un proceso? que su carga de trabajo se está disparando ¿Si no pueden cobrar a los inmigrantes por servicios como expedir el certificado de vulnerabilidad u obtener cita previa?

De Mercado libre Hemos consultado al Ministerio de Seguridad Social si «estas organizaciones cobrarán por el trámite o por el certificado de vulnerabilidad que expidan» y/o «¿Cuál será tu compensación por participar en el proceso?» mirando al futuro, por ejemplo, con mayores subvenciones, pero no han respondido.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, ya denunció el pasado mes de febrero que «si los trámites hay que hacerlos de forma gratuita, ¿De qué van a vivir las asociaciones o sindicatos que las realizan? ¿Estamos hablando de subvenciones públicas?¿Acuerdos futuros o financiación estructural? Porque nada de eso se explica.” El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos también está autorizado a acompañar a los inmigrantes en el proceso.

Luego, los responsables administrativos advirtieron del «riesgo de duplicación de costes públicos». ¿Vamos hacia un modelo en el que el Estado paga a los funcionarios que resuelven los expedientes y, al mismo tiempo, a las asociaciones o sindicatos que los tramitan gratuitamente en nombre de los ciudadanos? «, preguntó el presidente. «¿Vamos a financiar el mismo procedimiento dos veces? «Esa es una pregunta legítima que merece una respuesta», añadió. Y la respuesta sigue sin resolverse.