Correo se ha visto nuevamente obligada a desmentir informaciones que le situaban tramitando regularizaciones migratorias sin exigir la documentación preceptiva, en particular el certificado de antecedentes penales.

La empresa ha activado su protocolo interno y se ha acogido al derecho de rectificación ante lo que considera una difusión de hechos falsos que daña su honor, su reputación y la imagen de sus oficinas.

El empresa pública insiste en el sentido de que no tramita regularizaciones, sino que ofrece apoyo en la presentación electrónica de solicitudes. La tramitación propiamente dicha corresponde a la Unidad de Tramitación de Expedientes Migratorios, conocida como UTEX, que evalúa la documentación y decide sobre el expediente.

Correos también aclara que, en el proceso de admisión, el personal puede recibir solicitudes aunque no estén completos, siempre que se indiquen los documentos faltantes.

Esto no implica una reducción de requisitos, porque la administración competente podrá exigir posteriormente la subsanación de la documentación pendiente dentro del procedimiento legal establecido.

El origen del conflicto de Correos

La polémica se ha visto alimentada por la difusión de información que sugirió que algunas oficinas aceptaban expedientes sin certificado de antecedentes penales.

Correo rechaza categóricamente esta versión y sostiene que, desde el inicio del proceso de solicitud presencial el 20 de abril, el personal ya sabía que se debía exigir este documento.

La empresa entiende que el problema no está en el procedimiento, sino en la interpretación pública de una fase que permite presentar solicitudes incompletas, pero no se pueden conceder regularizaciones sin la documentación requerida. Es decir, una cosa es recibir un expediente y otra resolverlo favorablemente.

Protocolo activado

Ante la polémica, Correos ha activado un protocolo de respuesta reputacional y legal. La empresa protege en la Ley Orgánica 2/1984 a ejercitar su derecho de rectificación frente a informaciones que consideren falsas y que, a su juicio, hayan sido publicadas sin la necesaria verificación con la empresa.

Correos no quiere dejar pasar el asunto como una simple aclaración técnica. El DIRECCIÓN considera que la difusión del bulo puede afectar a la confianza de los ciudadanos en el servicio y en la imagen de las oficinas, precisamente en un contexto en los que la entidad se encuentra altamente expuesta por su rol en procesos administrativos sensibles.

La clave jurídica del caso está en la Ley 39/2015, que permite presentar una solicitud aunque la documentación no esté completa, siempre que se identifique lo que falta. Despuésla administración puede solicitar correcciones y revisar el expediente antes de tomar una decisión.

El mecanismo es común en los procedimientos administrativos y no implica, por sí solo, que se flexibilicen los requisitos. Precisamente Correos destaca que seguir este camino no significa aceptar irregularidades, sino aplicar el procedimiento común previsto por la ley.

Correos protege el voto por correo

Correose ha formalizado comprar dispositivos GPS para realizar un seguimiento de los votos por correo. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Comunicaciones Generales y Seguridad SAconocida como GECOMSE, firma especializada en servicios críticos de seguridad y proveedor habitual del Estado.

Leer más: Pedro Saura refuerza a Correos en plena polémica migratoria con un contrato de más de 20 millones

Según ha podido saber este medio, el presupuesto base de la licitación ha sido 226.536 euros (IVA incluido). El premio ha destacado por su rapidez y falta de competencia, ya que GECOMSE Ha sido la única empresa que ha participado a pesar de ser un proceso publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El objetivo de este concurso es disipar cualquier duda sobre el paradero de los votos por correo desde que salen de manos del ciudadano hasta la entrega en el colegio electoralen un contexto marcado por la polémica surgida en las últimas elecciones en Extremadura.

Días antes de las elecciones, robaron una caja fuerte en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), provocando la desaparición de 124 votos por correo y abrir un debate político sobre seguridad y trazabilidad del sistema electoral.

El contrato ha sido tramitado a través de un procedimiento especial de estándares internos y con un tiempo de ejecución muy rápido, ya que GECOMSE debe entregar los dispositivos en tan solo 15 dias. El documento deberá formalizarse legalmente a más tardar 28 de mayo de 2026por lo que entrará en vigor en las próximas elecciones generales y regionales, previstas para 2027.