España ya se enfrenta a una Estrategia de presión internacional que va mucho más allá del embargo de bienes públicos.. Los acreedores de los laudos arbitrales por el recorte retroactivo a las renovables han comenzado a desplegar mecanismos encaminados a bloquear la capacidad operativa y financiera del Estado español fuera de nuestras fronteras, especialmente en Estados Unidos, aprovechando el reconocimiento judicial de las sentencias dictadas contra el Reino de España.

Hasta la fecha se han producido al menos 27 incumplimientos de laudos arbitrales internacionales vinculantes que obligan a España a compensar a las empresas que invirtieron en energía limpia durante la década de 2000 y luego vio retiradas retroactivamente las bonificaciones e incentivos ofrecidos inicialmente. Primero bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, después, durante el mandato de Mariano Rajoy, se aprobaron sucesivos cambios normativos que provocaron una ola de arbitrajes internacionales.

La consecuencia directa de esas decisiones políticas fue la Apertura de procedimientos ante tribunales de arbitraje internacional. al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía y del Convenio CIADI, ambos firmados y ratificados por España. Precisamente por ello, los laudos resultantes son obligatorios para el Reino de España y deben ser reconocidos por los países adheridos a esta arquitectura jurídica internacional como si fueran sentencias dictadas por sus propios tribunales.

La Fiscalía del Estado ha intentado durante años mantener una estrategia basada en cuestionar la competencia de estos tribunales arbitralesargumentando que las disputas intraeuropeas deben resolverse exclusivamente dentro del marco jurisdiccional comunitario. Sin embargo, esta tesis ha chocado repetidamente con la realidad jurídica internacional: fuera de la Unión Europea, tribunales de terceros países están reconociendo los laudos y autorizando su ejecución contra el Reino de España.

Esto es lo que ha abierto la puerta a condenas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Singapur, así como a embargos y medidas cautelares sobre bienes y activos vinculados al Estado español. Pero ahora los acreedores están dando un paso más. Y, además de intentar localizar y embargar bienes públicos, las empresas que han litigado contra España empiezan a desplegar una estrategia encaminada a limitar el margen de maniobra financiera del Gobierno en el exterior.

El ejemplo más evidente lo encontramos en las solicitudes judiciales enviadas en Estados Unidos a diferentes proveedores de servicios vinculados a la organización logística de la selección española durante el próximo Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

entre los entidades afectadas Hay cadenas hoteleras como Hilton o campus deportivos como el centro Baylor School, entidades que no pagarán dinero (embargable) a España, sino que esperan recibir desembolsos del Estado español, o de organismos asociados a la selección, pero quizás podrían ver cómo se bloquean esos pagos.

La clave de esta nueva ofensiva reside en que España ya ha sido condenado siete veces por tribunales estadounidenses que han reconocido los laudos arbitrales dictados contra el Reino como plenamente válidos y ejecutables. Esta misma semana, LD publica la última decisión del juez John Bates sobre el caso Infrarrojos, que añade 41 millones de euros a los posibles embargos.

Esta circunstancia permite a los acreedores solicitar medidas de descubrimiento de activos (orden de descubrimiento) y requisitos judiciales (citaciones) destinado al seguimiento de operaciones financieras, contratos, pagos previstos o flujos económicos vinculados al Estado español.

En la práctica, este tipo de acción puede obstaculizar o condicionar las operaciones ordinarias de pago y contratación en el exterior. Fuentes jurídicas de las empresas afectadas por impagos de renovables comparan este mecanismo con «bloquear una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria», ya que el objetivo «ya no es sólo embargar determinados bienes», sino también «parar la actividad económica del deudor, hasta que salde sus obligaciones y cumpla con la justicia».

Evidentemente, esto puede contribuir a erosionar la capacidad financiera y la credibilidad internacional del Reino de España mientras persista el impago de los laudos. En este sentido, la presión internacional sobre España sigue aumentando en paralelo al crecimiento de la factura pendiente. Diversas estimaciones sitúan la deuda total derivada de estos arbitrajes en más de 2.310 millones de eurosincluyendo el principal (cerca de 1.800 millones) y la suma de los sobrecostes financieros y judiciales, una partida que seguirá aumentando mientras el gobierno mantenga su estrategia de resistirse al pago de los arbitrajes internacionales, todos ellos vinculantes.