Juan Ramón Rallo: Menos Estado, menos corrupción
La Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminaltráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del rescate de Plus Ultra, esa minúscula aerolínea (apenas 170.000 pasajeros en 2019 frente a los 19 millones de Air) … Europa) que el Consejo de Ministros consideró una «empresa estratégica» y premió con 53 millones de euros públicos en marzo de 2021. Más allá de la presunción de inocencia que asiste al expresidente, el episodio ha reabierto el debate habitual: cómo evitar que estos ultrajes vuelvan a ocurrir. Y la respuesta convencional –comisiones de supervisión, órganos de control, auditorías reforzadas, códigos éticos–, a la que tantos se aferran intuitivamente, es del todo insuficiente porque deja intacto el problema de fondo.
El error consiste en pensar que la corrupción es una desviación accidental corregible con más vigilanciacuando en realidad es la consecuencia previsible de un diseño institucional que otorga a unos pocos políticos el poder de redistribuir cantidades astronómicas de dinero ajeno con criterios discrecionales. Toda la tradición liberal –desde Adam Smith hasta Hayek– ha advertido lo mismo durante siglos: cuanto mayor sea el perímetro del Estado, mayor será la rentabilidad esperada de capturarlo. Controles ex post siempre llegan tardesuelen ser pasto del compañerismo partidista (recordemos lo que pasó con el CGPJ o el Tribunal de Cuentas) y, en el mejor de los casos, supervisan el reparto del botín sin cuestionar la existencia misma del botín.
Imaginemos por un momento que el Estado prohibiera, como pretende la tradición liberal, rescatar empresas privadas a cargo del contribuyente. Plus Ultra habría quebrado en 2020, sus accionistas habrían perdido su capital (que es lo que corresponde a quienes se arriesgan) y ningún empresario habría podido contratar a ningún expresidente para mediar ante ningún ministro, porque simplemente no habría nada con quien mediar. Lo mismo puede decirse de las obras públicas: si las grandes infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos) se financiaran mediante peajes voluntarios en lugar de impuestos coercitivos, el margen para el soborno, las adjudicaciones amañadas y las comisiones clandestinas se reduciría a una pequeña fracción de lo que es hoy. Y lo mismo ocurre con los fondos europeos, las subvenciones o la regulación asfixiante: cada centímetro de poder estatal engendra, por lógica necesidad, su mercado negro de favores.
Quienes hoy claman por «más Estado que vigile al Estado» proponen, sin saberlo (o quizás, en algunos casos, sabiéndolo perfectamente), amplificar el problema mientras pretenden combatirlo. Si realmente queremos el Plus Ultra, los ERE o las tramas de GürtelEs conveniente poner en práctica la lección que los liberales hemos estado repitiendo durante siglos: la corrupción no se detiene multiplicando los vigilantes, sino reduciendo el campo de juego en el que esta corrupción es siquiera concebible. Menos Estado, menos corrupción.
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