Él Reino Unido ha dado un toque de atención a la Unión Europea por querer imponer sus estándares medioambientales a terceros países a través de normativas como la ley antideforestación o las cláusulas verdes incluidas en los nuevos acuerdos comerciales. Advirtiendo que podrían terminar poniendo en riesgo el suministro de alimentos y aumentando los costos de importación.

Fresh Produce Consortium (FPC), la principal organización británica del sector hortofrutícola, ha lanzado un mensaje muy claro: Reino Unido no puede depender sólo de la producción nacional para garantizar el suministro de alimentos. El país necesita mantener una red global fuerte y diversificada de proveedores para asegurar frutas y verduras durante todo el año.

La preocupación del sector llega en medio de un acercamiento comercial entre Londres y Bruselas tras la Brexit. El Gobierno británico está negociando ahora una relación más fluida con la UE para reducir los obstáculos comerciales y simplificar parte de los controles fronterizos. El problema, según el FPC, es que este enfoque puede acabar obligando al Reino Unido a aceptar también parte de las normas europeas para las importaciones de alimentos procedentes de terceros países.

Según la información proporcionada por el portal especializado Fruta hoyEl FPC se pregunta si la Unión Europea por sí sola puede cubrir toda la demanda británica de frutas y hortalizas. Su director ejecutivo, Nigel Jenney, defiende que el mercado necesita un equilibrio entre la producción nacional, la oferta europea y las importaciones del resto del mundo. De hecho, el país importa alrededor de cuatro millones de toneladas de productos frescos de fuera de la UE, cerca de la mitad de todas sus importaciones hortícola.

Más burocracia, más costes

La organización agraria teme que este tipo de medidas sumen más burocracia, más controles y más costes a las importaciones procedentes de terceros países. También critica el endurecimiento de los controles sanitarios y fitosanitarios porque, según él, muchas de estas inspecciones han un carácter más proteccionista que científico y recuerda que, tras el Brexit, Reino Unido eliminó parte de los controles fronterizos que consideraba obsoletos.

El temor de las empresas es que todas estas nuevas exigencias acaben trasladando al precio final de los alimentos. El FPC estima que las medidas en estudio podrían añadir cientos de millones de libras en costos adicionales para los importadores en un momento marcado por la inflación y la volatilidad del comercio internacional.

Pese a las críticas, el sector asegura que sí apoya una mejora de las relaciones comerciales entre Londres y Bruselas. Lo que rechaza es que este enfoque debilite la seguridad alimentaria británica o complique aún más el comercio con proveedores de fuera de la UE.