El gasto bruto en pensiones seguirá golpeando las finanzas públicas hasta 2050, alcanzando ese año el 14,6%, lo que implicaría que la deuda pública se disparará hasta el 123% del PIB, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, entre las que se espera un aumento de los ingresos del 1,6% del PIB de media. Así lo prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha confirmado que el gasto neto se sitúa en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral que exige la normativa establecida en el real decreto de 2023. Esto supone una mejora de casi dos décimas respecto al análisis anterior, que sólo se consigue con la mejora de los ingresos.

Sin embargo, aunque la Autoridad Fiscal ratifica las «conclusiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas», sí destaca que el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones «no tiene una regla directa con la sostenibilidad de las cuentas públicas ni desaparecen las tensiones del sistema», afirmó la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, quien advierte de que en un escenario de políticas constantes en las que no operan las reglas fiscales, la deuda iniciaría una «trayectoria ascendente en el largo plazo, impulsada por el proceso de envejecimiento de la población y agravado por la vulnerabilidad de las finanzas públicas».

El organismo supervisor advierte de que este envejecimiento de la población no se verá compensado por el efecto de la inmigración ni por una mayor tasa de fertilidad, ni irá acompañado de una mejora del crecimiento económico potencial, que «seguirá presionando al alza el gasto público, especialmente en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración».

La Airef entiende que todo este oscuro panorama se verá agravado por los «problemas de diseño de la regla de gasto de las pensiones», que «debe reformarse y adaptarse para hacerla coherente con todo el marco fiscal aprobado por la Unión Europea en 2024», advirtió Olóndriz. El informe de la Airef señala claramente estos problemas estructurales, provocados por «una visión parcial de la sostenibilidad, que se limita al gasto en pensiones a nivel del PIB y una definición imprecisa de los ingresos futuros». Los analistas de auditoría entienden que las referencias de la regla de gasto «no están relacionadas con la sostenibilidad de las cuentas públicas», como demuestra el hecho de que su cumplimiento es compatible con un aumento exponencial del endeudamiento en los próximos años.

Además, advierten de que el agujero en el gasto en pensiones esperado sólo podrá compensarse con transferencias de los fondos de la Seguridad Social o de la propia Administración Central a través del Tesoro Público, que deben aumentar al menos 2,3 puntos hasta alcanzar el 3% del PIB, lo que se traduce en un mínimo de 50.000 millones. Este incremento, a falta de medidas correctoras, «supondrá una reducción de los recursos disponibles para otras políticas de gasto o de recursos de deuda, que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos de los marcos fiscales español y europeo». Por ello, la Airef critica el «enfoque parcial» que tiene el Gobierno sobre el sistema de pensiones y reclama que se aplique una «visión integral de la sostenibilidad que considere todos los ingresos y gastos y la consiguiente evolución al alza de la deuda».

En este contexto, el supervisor advierte de que la regla de gasto «no encaja en el nuevo marco fiscal europeo». Este nuevo marco toma como ancla el nivel de deuda, que «no ha sido considerado en ningún momento en la regla de gasto en pensiones» en el caso del Gobierno español, ni la «variable clave» de supervisión del gasto primario neto ni un nivel de renta definido en términos de tasas de variación «anual y acumulada», mientras que la regla de gasto en pensiones se determina a nivel del PIB.

Asimismo, el informe ataca el diseño de la norma vinculada a las previsiones del Ageing Report de la Comisión Europea, porque «impide incorporar información más reciente sobre la situación del sistema de pensiones y de la economía». Por ello, resulta embarazoso que Eurostat haya publicado ya nuevas previsiones demográficas que difieren sustancialmente de las que se han tenido en cuenta y que pueden provocar una discrepancia muy importante en los datos.

«El aumento del gasto en pensiones, en ausencia de medidas, supondrá que habrá menos recursos públicos para otras políticas de gasto o el uso de deuda, lo que parece difícil de conciliar con los compromisos y exigencias de los marcos fiscales europeo y nacional. Por todo ello, habría que reformar la regla de gasto», subrayó el presidente de la Airef.

En estas circunstancias, propone al Ministerio de Seguridad Social reformar la regla de gasto en pensiones para que tenga «más coherencia con la sostenibilidad y con los compromisos del marco fiscal y europeo. Que esta regla se exprese en términos de tasas de crecimiento del gasto primario netas de medidas de renta de los fondos de la Seguridad Social y que se incorpore a los compromisos del plan fiscal y estructural a medio plazo». Con estos cambios, la Airef sostiene que ahora podría evaluar «de forma previa e independiente la viabilidad de estos compromisos junto con el plan fiscal».