El informe revela que el importe de los impagos calculados en los préstamos ICO para liquidez y el ICO para inversión (dos líneas que se habilitaron por un total de 140.000 millones de euros) es de 6.795 millones de euros. ¿Por qué el coste para las arcas públicas sería de «sólo» 3.800 millones? Porque hay un fondo de provisión que se ha ido financiando a lo largo de los años con las comisiones que el ente público ha cobrado a los bancos por prestar esas garantías.

A grandes rasgos, los bancos tienen que pagar una comisión al ICO por conceder préstamos con aval público. Esta comisión ha ido a integrar el citado fondo y asciende a unos 3.000 millones de euros, pero ya está agotada. Por tanto, el cálculo de las pérdidas públicas será 3.8 mil millones.

Lo cierto es que, tal y como publicó ABC, el dato sobre posibles morosidades de estos préstamos es muy superior hoy en día, según las cifras que maneja el Banco de España. Entre los créditos en especial vigilancia (riesgo de impago) y los que ya son dudosos (impagados), los cálculos del supervisor bancario apuntan a que el agujero final podría alcanzar más de 12.000 millones de euros si todos los préstamos que están en ambas categorías acaban impagados. El problema aquí es que es difícil predecir cuántos de cada rama acabarán en mora, pero el Tribunal de Cuentas apunta a la mitad.

En cualquier caso, la organización reconoce que la lineas de garantia Permitieron movilizar un volumen muy elevado de financiación y «constituyeron un instrumento eficaz de apoyo financiero para la supervivencia empresarial y la mejora de la liquidez», especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. En total, se formalizaron más de 1,19 millones de operaciones por un importe de 140.736 millones, con una garantía de 107.020 millones. A 30 de septiembre de 2025, el saldo vivo garantizado pendiente de amortizar se situaba en 38.187 millones de euros (el 36% del importe inicial) y, según el informe, el 78% de las empresas beneficiarias (388.420) seguían activas en 2025.

«Además, a partir del 30 de septiembre de 2025, 707.287 operaciones garantizadas permanecieron en cumplimientootros 366.135 ya habían sido amortizados y 116.450 habían reportado impagos», añade el Tribunal de Cuentas, que también tira de orejas al ICO por la gestión y control de las líneas de avales.

Críticas a la ICO

El Tribunal de Cuentas identifica «Debilidades en los sistemas de gestión y control.seguimiento de operaciones y sistemas de información. En concreto, el informe señala incidencias relacionadas «principalmente en relación con las validaciones automáticas aplicadas en las prórrogas de operaciones, en las comunicaciones a la base de datos de subvenciones y en la fiabilidad de algunos datos registrados en la aplicación Bancaico».

El informe también incluye «retrasos en los procesos de revisión de operaciones, particularmente aquellas con impagos, que en algunos casos dieron lugar al pago de garantías correspondientes a operaciones que posteriormente fueron invalidadas y otros riesgos de control».

En este sentido, la organización recomienda «reforzar aspectos específicos de los sistemas de gestióntransparencia y evaluación para la gestión de posibles futuras líneas de avales. En mayor detalle, llama a “revisar el sistema de comunicación con la base de datos de subvenciones; evaluar la implementación de aplicaciones informáticas específicas para la gestión y control de las obligaciones de transparencia y el registro de las actuaciones de las unidades de información; y continuar con el proceso de corrección y corrección de los datos heterogéneos e incongruentes existentes en la aplicación Bancaico con el fin de obtener una base de datos confiable y facilitar la verificación y control de las operaciones”.

Asimismo, insiste en la necesidad de establecer algún control complementario a los realizados por Bancario para la aprobación de ampliaciones de plazos de crédito y para el registro de modificaciones acordadas a los créditos, así como dar seguimiento a la litigación de la línea de garantía ya que por razones técnicas hay empresas que están llevando garantías a los tribunales por falta de transparencia en su otorgamiento.