La Federación rural de «Les Caseríes» alerta contra los sondeos mineros en busca de fluorita porque «comprometen de forma directa el entorno de las parroquias»
Con «profunda preocupación» y con una oposición frontal. Es como se ha tomado la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales del Concejo de Gijón «Les Caseríes» la resolución de la Consejería de Industria en la que se aprobó el «Proyecto de investigación: prospección geológica en el distrito minero de La Collada, fase 2». Un proyecto de catas en busca de fluorita que implica a la concesión minera promovida por la empresa MPD Fluorspar, y que afecta tanto al concejo de Siero como al de Gijón. El proyecto se concreta en 31 sondeos que en algunos casos tiene demasiada proximidad a núcleos de población, alguno incluso invade zona protegida por su catalogación ecológica, y también generan riesgo para el abastecimiento de agua en la zona, tal como indican los líderes vecinales.
[–>[–>[–>Desde la Federación rural gijonesa se reclama al Principado y a los Ayuntamientos implicados que «no se autoricen estos sondeos» ya que «solo frenando la investigación» se podría evitar «que la futura explotación minera fructifique en el territorio. Frente a la calificación oficial del proyecto como de ‘escasa incidencia superficial y temporal’, advertimos que las perforaciones comprometen de forma directa el entorno de las parroquias».
[–> [–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>«Esta actividad no es inocua en superficie: las perforaciones generan vibraciones que pueden dañar las viviendas y comprometer los acuíferos de la zona, con el consiguiente riesgo para las captaciones de agua de las que dependen los vecinos —entre ellas la propia Fuente Barbales, en el concejo de Siero—», explican desde «Les Caseríes».
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También recuerdan que durante el periodo de información pública se presentaron 219 alegaciones válidas por parte de colectivos ecologistas, vecinales y particulares, que denunciaron la incorrecta aplicación de la normativa medioambiental y la incompatibilidad del proyecto con la ordenación urbanística.
[–>[–>[–>Dado el carácter supramunicipal del proyecto, desde la Federación se entiende que «exigía su sometimiento a una evaluación de impacto ambiental completa, y no a una tramitación simplificada». A ello se añadiría, además, que el proyecto «dista de ser una actuación aislada; la propia empresa reconocería haber ejecutado ya numerosos sondeos en campañas anteriores —del orden de 81 en el entorno de La Collada, 50 en Viescas y 27 en La Camocha, a los que se sumaría una campaña de 21 sondeos en 2024—, cifras que, a juicio de esta federación, desmienten el carácter puntual y de ‘escasa incidencia’ con que se ha calificado la intervención».
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Una «clara indefensión»
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Pese a que los vecinos propietarios de las fincas donde se harán las prospecciones tienen posibilidad de negarse, desde la Federación recalcan que esa es más bien una trampa ya que «la propia mecánica del proyecto presiona directamente a los vecinos: al ejecutarse los sondeos en fincas particulares, los propietarios se ven abocados a autorizarlos ante la advertencia de una posible expropiación si se niegan, lo que coloca a la población rural en una situación de clara indefensión».
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[–>«No estamos ante un trámite menor: se autorizan perforaciones a pocos metros de las casas, de nuestras fuentes y de suelo protegido. Pedimos que se paren los sondeos y que se haga una evaluación ambiental completa, porque lo que está en juego es la salud del territorio y el agua que bebemos», señalan desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales del Concejo de Gijón «Les Caseríes».
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Que se exija a la empresa promotora «el cumplimiento estricto de todas las normativas sectoriales, licencias municipales y autorizaciones urbanísticas aplicables» es otra de las reclamaciones que se hace desde la federación tanto al Principado como a los ayuntamientos afectados. Y en concreto, al de Gijón, se le exige que «ejecute con urgencia los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Gijón el 13 de noviembre de 2024, convocando de forma extraordinaria el Consejo Sectorial de Medio Ambiente para abordar el proyecto, con invitación formal a todo el movimiento vecinal de las parroquias rurales afectadas; que se proteja al río Piles, coordinándose con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Fundación Biodiversidad para estudiar las afecciones de las prospecciones y garantizar que no existan riesgos sobre la renaturalización del río. Y que se abra un canal de comunicación permanente para informar de cualquier avance o modificación del expediente.
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