La causa judicial que afecta a Begoña Gómez añade un nuevo movimiento procesal. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno pidió al juez Juan Carlos Peinado que suspender la audiencia preliminar prevista para el 9 de juniouna cita que representa uno de los pasos preliminares para el posible inicio de un juicio con jurado.

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, fue trasladado al instructor quien No podrás estar presente ese día por orden judicial previamente establecida. en otro tribunal. Por ello solicita que se aplace la comparecencia y que se fije una nueva fecha.

La audiencia se programó en el marco del proceso en el que se procesa a Begoña Gómez por Presuntos delitos de corrupción comercial, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida..

Una comparecencia bajo amonestación judicial

La citación del magistrado incluía también una advertencia expresa sobre obligación de comparecer personalmente. El instructor sostuvo que la gravedad de las sanciones que podrían imponerse justificaría considerar medidas cautelares encaminadas a evitar una posible elusión de la acción de la Justicia.

Junto a Gómez, también se encuentran entre los investigados por este caso Cristina Álvarez, concejala de La Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Hasta el momento, durante las comparecencias anteriores relacionadas con el procedimiento, sólo estuvieron presentes los representantes legales de los demandados.

La Complutense exige 113.000 euros

Mientras la defensa intenta retrasar la audiencia, la Universidad Complutense de Madrid ha dado un nuevo paso en el proceso legal. la institución académica emprendió acciones legales para reclamar 113.509 euros a Begoña Gómez por el presunto daño derivado de la apropiación del software desarrollado para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

Esta cifra ya había sido comunicada al tribunal el pasado mes de enero, aunque la universidad está en proceso de formalizar su solicitud. Además, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe sobre la actividad de la silla en el que identifica diversas irregularidades administrativas vinculadas a proyectos tecnológicos desarrollados entre 2021 y 2024.

Entre las cuestiones planteadas está precisamente la de presunta apropiación de un programa informático que forma parte de la investigación judicial.

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