El cerco judicial internacional a España por los impagos derivados de los recortes de las primas de las energías renovables no cesa.

Los acreedores que exigen el cobro de los laudos arbitrales internacionales han confirmado la toma efectiva del edificio que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, actuación realizada en cumplimiento de resoluciones dictadas por los tribunales de Países Bajos.

Los representantes legales de los inversores afectados se han personado en el inmueble para formalizar las diligencias asociadas al embargo acordado por la justicia holandesa. El objetivo es avanzar en la recuperación de activos que permitan satisfacer los montos adeudados por el Estado.

legislación holandesa da margen de maniobra a los responsables de la ejecuciónpermitiéndonos asumir el control efectivo de los bienes embargados y posteriormente facilitar su venta para hacer frente a deudas pendientes. Los inversores sostienen que los procedimientos encaminados a la subasta pública del inmueble ya están en marcha.

El edificio es valorado en unos 10 millones de euros tanto por su ubicación en uno de los zonas más buscadas de Utrecht así como sus características arquitectónicas y patrimoniales.

Si se concreta la venta, la normativa holandesa establece que los nuevos propietarios podrán disponer plenamente del inmueble y ejercer los derechos derivados de la adquisición, incluida la posesión efectiva del inmueble. Los acreedores recuerdan que durante años han intentado llegar a soluciones negociadas con las autoridades españolas.

Sin embargo, aseguran que aún no reciben la compensación económica reconocida por numerosos tribunales internacionales, circunstancia que les ha llevado a intensificar acciones de incautación y ejecución en diferentes países.

El caso Utrecht también forma parte de una cadena de reveses judiciales para España. Recientemente, la Administración de Estados Unidos recomendó al Tribunal Supremo de ese país rechazar la petición española de revisar sentencias que reconocen cerca de 700 millones de dólares a favor de distintos acreedores.

A ello se suman decisiones favorables a los inversores en Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han ratificado la obligación de España de cumplir los laudos arbitrales internacionales. En Bélgica, además, alrededor de 250 millones de euros siguen almacenados en cuentas judiciales vinculadas a procedimientos de ejecución que aún están abiertos.

Según los acreedores, el importe pendiente de pago ya supera 2.315 millones de euros y las actuaciones de localización y ejecución de bienes continuarán en aquellas jurisdicciones que ofrezcan mecanismos ágiles para la ejecución de resoluciones definitivas.

Cartel «sensacional»

Ante esta situación, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica Indicaron ayer que España ha iniciado un procedimiento judicial para obligar al ejecutor a levantar el embargo. El Gobierno alega que la adjudicación cuya ejecución se solicita fue notificada como ayuda de Estado a la Comisión Europea.

Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo holandés ha informado al responsable de la ejecución de su obligación de cesar cualquier acción encaminada a la venta del inmueble. Además, restan importancia a la colocación del cartel comercial en la fachada del edificio, que «responde a una finalidad esencialmente mediática».