La Unión Europea da un paso decisivo hacia endureciendo su política de inmigración. Tras dos meses de negociaciones, la presidencia chipriota y los representantes del Parlamento Europeo alcanzaron este lunes un acuerdo definitivo sobre la nueva regulación de retorno, que pretende acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular y dar cobertura legal a los centros de deportación en terceros países, siguiendo el modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania.

La reforma vuelve a poner de manifiesto la absoluta soledad en Bruselas en materia de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchezcuyo plan masivo de regularización de migrantes choca frontalmente con los objetivos y la filosofía de esta norma. «Debemos garantizar que los inmigrantes irregulares abandonen la UE por norma general. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles», advirtió el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, cuando se debatió en febrero en Estrasburgo la regularización de Sánchez.

En 2025, la tasa de retorno alcanzó el 27,5% de media en la Unión Europea, la cifra más alta de los últimos 10 años. España estuvo entre los países con peores resultados: solo ejecutó el 10,6% de las órdenes de expulsión dictadasel tercer porcentaje más bajo de los Veintisiete, sólo por delante de Países Bajos y Portugal. En el extremo opuesto se encuentran Malta, con el 97,7%; Lituania, con el 92,8%; y Letonia, con un 86,4%, muy por encima de la media comunitaria.

El Gobierno de Sánchez fue el único país que votó en contra en el Consejo de Interior de diciembre de 2025 y previsiblemente volverá a hacerlo en la aprobación definitiva, sin que su ‘no’ tenga consecuencias prácticas más allá de certificar su aislamiento.

«La nueva regulación acelerará el proceso de retorno y aumentará el retorno de personas que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE», afirmó el viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides.

El nuevo reglamento introduce la posibilidad legal de regresar a un tercer país (distinto del de origen) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno, sobre la base de un acuerdo celebrado bilateralmente o a nivel de la UE.

Es decir, es un Modelo de «geometría variable» que puede ser utilizado por los gobiernos interesados ​​y descartado por el resto..

la norma También impone a los migrantes la obligación de cooperar. con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, los migrantes sufrirán sanciones adicionales como multas, detención o ampliación del período de detención.

El nuevo reglamento establece Medidas especiales para personas que supongan un riesgo para la seguridad.

El reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario por el momento y será reevaluado dos años después de que el reglamento entre en vigor. El Gobierno de Sánchez exigió el reconocimiento automático obligatorio.

El reglamento permite mantener a los inmigrantes detenidos por un período de dos años, prorrogable en períodos sucesivos de seis meses.

La detención también podrá aplicarse a menores no acompañados y familias con niñoscomo medida de último recursopara el período apropiado más corto y teniendo en cuenta el interés superior del menor.