La maniobra se llevó a cabo para cumplir con un compromiso del Gobierno, formalizado en el Consejo de Ministros en diciembre de 2024, para el que, sin embargo, no se proporcionó ningún crédito presupuestario. El Presupuesto de 2023, todavía vigente tras tres prórrogas consecutivas, contemplaba una dotación de 17 millones de euros, muy lejos de las cantidades que los laboristas habían prometido a los sindicatos. En 2024, el Gobierno ya había ampliado formalmente esta cantidad hasta los 32 millones de euros, aunque solo se abonaron los 17 millones que habían recibido anteriormente. Según la información oficial facilitada por la IGAE, fue en 2025 cuando finalmente se consiguió esta mejora de la financiación a los sindicatos, a expensas de los créditos del programa de reinserción laboral del SEPE para mayores de 50 años.

Los populares quieren que el Ministerio de Trabajo explique si este recorte de los recursos disponibles por los servicios públicos de empleo ha afectado a los programas de reinserción laboral de los mayores de 50 años, un grupo especialmente vulnerable y con porcentajes de reinserción laboral realmente bajos, ¿a cuánto asciende ese monto este año y qué acciones piensa tomar el Ministerio para evitar que esta transferencia de recursos a otros fines afecte los programas de reinserción laboral de las personas mayores?

También quiere que el departamento de Yolanda Díaz explique por qué precisamente se eligió esa partida presupuestaria para extraer de los Presupuestos Generales del Estado los recursos que necesitaba el Gobierno para cumplir su compromiso de duplicar de 17 a 32 millones de euros la subvención que concede a los sindicatos mayoritarios.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas en su momento por ABC justificaron este polémico traspaso interno de recursos entre partidas por los desequilibrios generados por el contexto de prórroga presupuestaria. Explican que la partida del SEPE de la que se han extraído recursos para mejorar la asignación a los sindicatos es la que se financia con el 50% de los ingresos obtenidos por la llamada cláusula Telefónica -el pago a Hacienda que las grandes empresas que realizan un ERE que involucra a mayores de 50 años están obligadas a sufragar los costes para el Estado de su regreso al mercado laboral-, que había sido especialmente cuantioso en 2023 por la acumulación de ERE en los ejercicios posteriores a la pandemia. y que, por tanto, tenía más recursos de los que habría tenido si hubiera habido Presupuestos. Un argumento que, sin embargo, no explica por qué se pretendía aumentar la dotación de los sindicatos y no reforzar los programas de reinserción laboral para mayores de 50 años.