Christopher Wales es una de las voces más respetadas de la política fiscal británica. Durante años fue asesor fiscal de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, participando en el diseño de reformas fiscales y en la definición de la estrategia fiscal del Reino Unido. Posteriormente desarrolló una destacada carrera en el ámbito académico y empresarial, convirtiéndose en Referente internacional en materia de política fiscal, competitividad y administración tributaria..

Ahora, Gales visita Madrid para denunciar lo que considera Abusos graves por parte de la Agencia Tributaria española. Como coautor del informe Hacienda contra el pueblo y colaborador de la campaña impulsada por Amsterdam & Partners, sostiene que el sistema tributario español ha desarrollado incentivos perversos que alientan acciones agresivas contra los contribuyentes, especialmente en el ámbito de la Ley Beckham. Sus críticas apuntan a la falta de garantías, la opacidad administrativa y el uso de mecanismos coercitivos que, a su juicio, deterioran la seguridad jurídica y dañan la imagen internacional de España como destino de inversiones y talento.

Pregunta: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del funcionamiento de la Agencia Tributaria española respecto a otros países?

Respuesta: En la mayoría de los países, las normas fiscales son razonablemente claras. En España, sin embargo, lo que vemos es un lenguaje legal mucho menos concreto y un marco regulatorio que hace muy difícil que el contribuyente tome decisiones con claridad y certeza. Esto hace que, si Hacienda inicia un procedimiento, sea muy difícil que el contribuyente haga valer sus derechos. Bajo tal paradigma, el Estado empuja, empuja, empuja… hasta dejar al contribuyente sin opciones, sin margen de maniobra, sujeto a un castigo que invalida su defensa jurídica. Filosóficamente, en España existe un sistema de Derecho que es esencialmente dual: por un lado está el paradigma normativo, donde las leyes se aplican con una disposición más o menos coherente a los principios de seguridad jurídica y Estado de derecho; Del otro lado está el marco de prerrogativas, donde el poder político se mueve con discreción.

P: ¿Cree que el Tesoro se puede utilizar con fines políticos?

R: Conocemos muchos casos de personas que ocupan determinados cargos en la esfera pública, que tienen, digamos, un perfil ciudadano expuesto, y sinceramente, no creo que podamos ser tan ingenuos como para pensar que estamos ante una mera curiosidad… En España hay procedimientos tributarios que tienen un claro origen político. Tomemos el caso del magistrado que investiga al hermano del presidente del Gobierno, que al parecer ha recibido al menos siete solicitudes de información de la Agencia Tributaria. ¿Creemos en las coincidencias? Sólo hasta cierto punto…

P: ¿Cómo influyen los incentivos internos de la Agencia Tributaria en este tipo de actuaciones?

R: A todo esto hay que sumarle el sistema retributivo vigente, que premia a los inspectores por iniciar el mayor número de procesos posibles, por exprimir a los contribuyentes. Esto quiere decir que se ha instalado una cultura de «pagar al Tesoro para evitar problemas». Los trámites son largos, complejos, exhaustivos… y la Agencia Tributaria te ofrece a cambio la oportunidad de pagar una sanción y olvidarte del tema, pero claro, por el camino se ha pisoteado la presunción de inocencia y la capacidad de defensa del contribuyente.

P: ¿Qué diferencias ve entre el trato que reciben los contribuyentes en España y el que existe en otros sistemas tributarios?

R: El inspector supone que el contribuyente ha cometido fraude, hay presunción de culpabilidad, apenas hay zonas grises en el trato con Hacienda, todo es abrumador, abusivo… En otros países las solicitudes de información son mucho más específicas, el trato con los inspectores es mucho más constructivo y la cultura está claramente alineada con la resolución de posibles problemas desde una posición de confianza mutua. En cambio, en España ocurre todo lo contrario.

P: Usted ha trabajado en países con instituciones supuestamente mucho más débiles que las europeas. ¿Cómo le va a España en esa comparación?

R: He trabajado en Tanzania, Ruanda, Uganda… y la verdad es que allí hay muchas más salvaguardias, hay controles y equilibrios. Aquí, en España, lo cierto es que las cartas siempre están en contra del contribuyente, por lo que la mayoría de los contribuyentes no se defienden, sino que simplemente ceden, aceptan el pago que exige Hacienda y evitan el calvario burocrático y judicial que puede venir después. Y el caso de Shakira es muy interesante, porque acaba de conseguir una victoria muy importante, pero también se ha anunciado un recurso que llevará el asunto al Tribunal Supremo. ¿Porque? Porque seguir generando miedo es fundamental.

P: La mitad de los casos que terminan en los tribunales terminan en un fallo a favor del contribuyente, pero claro, llegar a ese punto es muy caro, muy lento, muy costoso… ¿Es así en otros países?

R: Las estadísticas apuntan precisamente en la dirección opuesta. En España, cerca de la mitad de los recursos que llegan a los tribunales acaban en resoluciones favorables a los contribuyentes y contrarias al criterio de la Agencia Tributaria. Hablamos de porcentajes cercanos al 50%, frente a tasas que suelen estar entre el 5% y el 10% en la mayoría de las economías desarrolladas. En el Reino Unido, por ejemplo, el porcentaje de decisiones contrarias a la administración tributaria es de un solo dígito. Dicho de otra manera: en España los tribunales corrigen al Tesoro varias veces más que en países comparables.

También cabe observar la evolución de las cifras de recaudación. El crecimiento de los ingresos tributarios en España ha triplicado la media registrada por la OCDE en los últimos años y ha llevado la recaudación a máximos históricos. Cuando estos datos se combinan con el elevado número de sentencias judiciales favorables a los contribuyentes, es legítimo preguntarse si el sistema está encontrando el equilibrio adecuado entre la lucha contra el fraude y el respeto de los derechos de los ciudadanos.

P: Si pudiera impulsar una reforma única para proteger mejor a los contribuyentes, ¿cuál sería?

R: En la mayoría de los países, un reclamo fiscal no requiere ningún pago por adelantado hasta que el asunto se haya resuelto en los tribunales. En España sí se da un escenario así, a pesar de que más o menos la mitad de los asuntos que llegan a los jueces se resuelven en contra del fisco y a favor de los contribuyentes. En términos legislativos, sería muy sencillo introducir esta reforma e indicar que, si hay que pagar a Hacienda, sólo será con una sentencia definitiva sobre la mesa.

P: Se acercan las elecciones generales previstas para 2027. ¿Está la opinión pública de su lado?

R: Creemos que el sufrimiento que están soportando miles de contribuyentes españoles justifica el cambio de actitud que empezamos a percibir en la opinión pública, cada vez más concienciada y solidaria con quienes son sometidos a este tipo de actuaciones. Entre este año y el próximo viajaré por España con Bob Amsterdam para seguir escuchando y documentando los testimonios de personas afectadas por esta situación. Es fundamental que, de cara a las próximas elecciones, este tema se convierta en una prioridad para los votantes y una exigencia ineludible para los líderes políticos, que no pueden seguir mirando para otro lado.