piden que haga público su patrimonio y más planificación
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, conformada por 39 miembros del Congreso de los Diputados y el Senado —donde PP y Vox copan 19 de los representantes—, ha aprobado un decálogo de instancias al Gobierno y a la entidad estatal de vivienda Casa 47, la antigua Sepes ahora reconvertida en el nuevo casero estatal, para mejorar su funcionamiento y la eficacia de la mencionada empresa pública, así como para resolver el problema de la vivienda en España.
[–>[–>[–>Este pronunciamiento se produce después de que el Tribunal de Cuentas elaborase un informe fiscalizando la actividad de Sepes entre 2018 y 2023, ejercicios en los que Pedro Sánchez ha estado al frente del Ejecutivo, con José Luis Ábalos y Raquel Sánchez como ministros de Transportes, cartera de la que dependía esta empresa. Este documento cuestionó «la eficacia» de las intervenciones de la empresa pública por sus numerosos retrasos y sobrecostes en el mantenimiento, tal como recogió entonces EL PERIÓDICO.
[–> [–>[–>Ahora, esta comisión mixta ha aprobado una resolución en la que asume el contenido y las conclusiones del informe del organismo supervisor y ha constatado que las transformaciones urbanísticas que lleva a cabo Casa 47 «se alargan excesivamente en el tiempo, dificultando el cumplimiento del principal objetivo de la empresa pública», lo que se traduce en que su respuesta a la crisis de vivienda existente sea «demasiado a largo plazo».
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Fuentes de la empresa pública apuntan que, «en relación con las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las importantes demoras y la lentitud de los plazos en la ejecución de las actuaciones de Sepes», presentaron «diversas alegaciones y justificaciones técnicas, jurídicas y de contexto como la complejidad intrínseca de los desarrollos urbanísticos, la amplitud de las fases de la actividad urbanística, la dependencia de informes y autorizaciones externas o el incremento del volumen de actividad».
[–>[–>[–>Las mismas añaden que, entre las alegaciones, «se detallaron también diversas respuestas técnicas y organizativas para matizar los riesgos y deficiencias tecnológicas señalados por el Tribunal de Cuentas como el uso de plataformas obsoletas, flujos de validación fuera de los sistemas y la falta de integración». «Buena parte de estos procesos a día de hoy ya están en ejecución», matizan.
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Pide al Gobierno que publique el patrimonio de Casa 47
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La resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) insta al Gobierno, primero, a utilizar Casa 47 como «herramienta efectiva para solucionar el problema de la vivienda que atraviesan los españoles» y, segundo, impulsar cambios legislativos para «simplificar y acelerar los procesos de desarrollo urbanístico para obtener suelo residencial» y «los mecanismos necesarios de coordinación entre las administraciones actuantes en procesos de desarrollo urbanístico», estableciendo plazos.
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[–>Por otro lado, la comisión en la que participan diputados y Senadores ha exigido al Ejecutivo que desvele y cuelgue en su web todo «el patrimonio inmobiliario que se encuentra inventariado» ocioso de Casa 47, con el objetivo de «estudiar y llevar a cabo posibles alternativas para dar uso al mismo». Quedarían excluidas las actuaciones que tiene ahora en marcha dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) y aquellos que actualmente quedan a la venta.
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Fuentes oficiales de la entidad señalan que la nueva página web corporativa ya está en «fase de pruebas finales» y únicamente queda pendiente que la dirección dé su visto bueno para «su despliegue definitivo».
[–>[–>[–>Pide a Casa 47 mayor planificación
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Por su parte, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha apremiado a Casa 47 a, cuando suscriba con otras Administraciones públicas, identifique de «forma pormenorizada» las obligaciones y derechos de cada una de las partes, estableciendo los plazos máximos para el cumplimiento, especialmente si se trata de aprobaciones de planeamiento, y las consecuencias de que estos no se cumplan.
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También urge a la entidad estatal de vivienda a incluir «un estudio de demanda de vivienda» con el que priorizar una actuación sobre la otra y estimar unos plazos de ejecución «realistas» para poder hacer seguimiento y que lo ejecutado se ajuste a lo planificado. Con esto se trata de evitar casos como los de Mieres, en Asturias, donde la antigua Sepes construyó unas 131 viviendas para la venta a ciudadanos particulares que nunca fueron traspasadas y que, ahora quince años después, se van a alquilar.
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Adicionalmente, las Cortes instan que la empresa pública presidida por Leire Iglesias haga como mínimo reuniones anuales de seguimiento de sus actuaciones y elabore un «plan» para dar salida «en un tiempo razonable» a todos las viviendas y suelos industriales y terciarios que la entidad tiene en fase de comercialización, así como revisar su patrimonio inventariado en «situación indeterminada», con el objetivo de decidir qué hacer con él.
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De menor importancia, los representantes del Congreso y el Senado piden que, cuando un contratista resuelva un contrato con Casa 47, se exijan indemnización por daños y perjuicios, se realicen las inversiones necesarias en tecnologías de la información y de las comunicaciones, incluido un presupuesto de inversiones en sistemas de información, y se lleve a cabo las acciones necesarias para obtener la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad.
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Desde la antigua Sepes explican que cuentan con un plan de transformación digital en marcha dentro de su plan estratégico. Además, la entidad detalló al tribunal el estado de implantación de sus herramientas en 2023, cuando terminaba la fiscalización. Entre ellas destacan la implantación de metodología BIM, con formaciones básicas a la plantilla, la renovación de los servidores con nuevas cabinas de almacenamiento y equipos portátiles de los empleados y los avances en la gestión documental y de expedientes, así como la adquisición de licencias para la migración corporativa a Office 365. Por contra, admiten demoras en el análisis para migrar a SAP HANA por su complejidad y alto coste económico.
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