El Principado le pide a la juez que los adultos más conflictivos del centro de Sograndio ingresen en prisión
La escalada de conflictividad registrada en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio ha llevado al Principado a dar un paso más en la búsqueda de medidas para contener la situación. La viceconsejería de Justicia está preparando informes técnicos para solicitar a la jueza competente en materia de menores el cambio de régimen de abierto a cerrado, es decir, el ingreso en prisión, de algunos internos mayores de edad considerados especialmente conflictivos.
[–>[–>[–>Se trata de jóvenes que cometieron delitos siendo menores de edad y que continúan cumpliendo medidas judiciales pese a haber superado los dieciocho años. En estos momentos hay 57 internos en el centro, de los cuales 26 son mayores de edad. Según explicó este jueves el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el equipamiento se encuentra por encima de los niveles habituales de ocupación (dice que debe haber entre 20 y 30 internos), en un contexto de aumento de la presión asistencial que el Gobierno autonómico considera preocupante. Fuentes conocedoras de la situación señalan además que al menos la mitad de esos 26 mayores de edad concentran buena parte de los problemas de convivencia.
[–> [–>[–>La medida se articularía mediante informes individualizados que permitirían a la jueza valorar dicho cambio de régimen de abierto a cerrado, lo que en la práctica supondría su ingreso en un centro penitenciario en aquellos casos en los que se considere justificado. El planteamiento de la viceconsejería no es generalizado ni automático, sino que se limita a supuestos concretos en los que se entienda que la convivencia en un centro de estas características resulta incompatible con el cumplimiento adecuado de las medidas judiciales.
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La decisión se enmarca además en un contexto de creciente presión sobre el centro, tras varios episodios de violencia registrados en los últimos días, entre ellos la revuelta del pasado domingo, que se saldó con tres vigilantes trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y un nuevo incidente de agresiones ocurrido apenas 24 horas después. A estos hechos se suma otro episodio de tensión registrado este miércoles en el patio del centro, con la participación de al menos quince internos, según las fuentes consultadas. La versión del Gobierno regional es que este incidente fue «un hecho aislado» entre dos de los jóvenes de Sograndio. El caso es que estos episodios violentos han reactivado las críticas sindicales y la exigencia de medidas inmediatas por parte de los trabajadores del centro, sobre todo de los vigilantes de seguridad.
[–>[–>[–>Ley garantista
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Los responsables de la viceconsejería de Justicia insisten en que la legislación de menores tiene un carácter garantista y que cualquier decisión que suponga llevar a un joven a la cárcel debe estar motivada y avalada judicialmente, pero considera que la permanencia de determinados internos adultos en un recurso concebido para menores desvirtúa su función educativa y complica la convivencia. En este sentido, sostienen que el perfil de parte de los internos mayores de edad no encaja ya con el objetivo de reinserción propio del sistema, lo que genera tensiones adicionales tanto para el personal educativo como para los equipos de seguridad.
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[–>El planteamiento del Principado se enmarca además en una revisión más amplia del funcionamiento del centro, que esta misma semana ha motivado la intervención de la Administración autonómica ante el incremento de incidentes. La situación ha obligado a activar mecanismos de coordinación entre la dirección del equipamiento y el Gobierno regional con el objetivo de evaluar posibles ajustes en la organización interna y en la gestión de los distintos módulos. En este sentido, se ha creado una comisión de seguimiento del centro presidida por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, de la que también forman parte el jefe de servicio de Justicia del Menor y otra funcionaria del mismo servicio, la directora del centro, los tres coordinadores socioeducativos, el responsable de mantenimiento y el coordinador de seguridad de la empresa que se encarga de estos servicios en Sograndio.
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Reunión
[–>[–>[–>Entre las primeras actuaciones de esta comisión, que se reunirá semanalmente, figura el análisis de los episodios de conflictividad registrados recientemente y la evaluación de las condiciones de trabajo del personal, especialmente del servicio de vigilancia. En este contexto, Guillermo Peláez ya mantuvo este jueves un encuentro con la empresa adjudicataria del contrato, al objeto de supervisar el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el pliego. El contrato de seguridad del centro contempla una dotación de 49 vigilantes, tres auxiliares y un coordinador, y fue objeto de una actualización presupuestaria en su última adjudicación, que elevó su importe hasta alrededor de 2,7 millones de euros. Pese a ello, tanto trabajadores como representantes sindicales, como hizo este jueves Comisiones Obreras, vienen denunciando deficiencias en la cobertura de turnos y en los medios disponibles para el desempeño del servicio.
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Desde la Administración autonómica se recuerda que en etapas anteriores ya se han impuesto penalidades a empresas adjudicatarias por incumplimientos contractuales. Los sindicatos, por su parte, sostienen que la situación responde a una acumulación de problemas estructurales no resueltos en el tiempo y advierten de que el escenario actual mantiene la tensión en el centro, sin descartar nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas adicionales de refuerzo.
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