Constatamos la incautación de grandes alijos y detectamos ya tráfico de fentanilo; nos preocupa
El Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, que va camino de cumplir un año en el cargo, se muestra preocupado por el aumento de delitos sexuales y los malos tratos. Los menores son otra fuente de cuidado, y por eso, bajo su mandato, la Fiscalía ha hecho un esfuerzo pedagógico para enseñar en centros educativos los límites legales de sus acciones, especialmente en ámbitos como las redes sociales o el uso del móvil.
[–>[–>[–>Hace unos seis meses señalaba que estaban algo cortos de personal y de medios. ¿Se ha resuelto esa situación?
[–> [–>[–>En materia de personal, y en lo que se refiere a los fiscales, recientemente se anunció la creación de tres nuevas plazas para Asturias: una en Gijón, otra en Avilés y otra más para Oviedo. Con la constitución de la nueva oficina fiscal, prevista por el decreto de 2023, esas plazas han sido dotadas y creo que tenemos un número razonable de funcionarios. Otra cosa son las instalaciones disponibles, que no son las más adecuadas para el desempeño de nuestras funciones.
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La unificación de sedes en Oviedo se demora. ¿Cómo les afecta?
[–>[–>[–>Nosotros seguimos como estábamos. La concentración de sedes es un problema general de la Administración de Justicia en Asturias y también nos afecta. Pero, más allá de eso, lo que más nos preocupa ahora es la limitación de espacio físico en la Fiscalía, sobre todo en Oviedo. Langreo tiene un edificio nuevo, Gijón también y Avilés está en una situación relativamente mejor, pero las instalaciones de Oviedo son las más precarias. El espacio es muy exiguo.
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¿Qué problemas concretos genera esa falta de espacio?
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[–>Ha crecido la plantilla de fiscales y también la oficina fiscal, pero ese incremento de personal no se ha traducido en un aumento correlativo del espacio disponible. Estamos en una situación comprometida. No todos los fiscales tienen despacho, y esto no es una petición gratuita ni una cuestión de comodidad. Es una necesidad para dar un servicio correcto a ciudadanos y profesionales. El fiscal recibe a diario a abogados, procuradores, policías y ciudadanos que trasladan información reservada o problemas personales. Todo eso debe hacerse en un entorno de confidencialidad.
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¿La oficina fiscal también está afectada?
[–>[–>[–>Sí. Hay muchos funcionarios en un espacio que se ha quedado pequeño. Solo gracias al teletrabajo se puede organizar de alguna manera un trabajo digno y cómodo. Pero no es la situación deseable. Es manifiestamente mejorable.
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¿Cómo está el proceso de digitalización? ¿Tienen problemas con los medios informáticos?
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Es una cuestión que venimos reclamando desde hace años. Las aplicaciones informáticas específicas que utilizamos en Fiscalía son manifiestamente mejorables. Han generado muchos problemas. He de reconocer que este año la situación está algo mejor, pero sigue sin ser óptima. Continuamos comunicando incidencias al centro de gestión de medios informáticos del Principado por disfunciones que entorpecen y ralentizan nuestro trabajo. Es algo que también debe mejorar el Principado.
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Bernal, en un momento de la entrevista. / Miki López
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¿El Principado atiende debidamente las demandas de la Administración de Justicia?
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Se las transmitimos regularmente. En las memorias siempre destacamos las carencias y limitaciones de medios. Nosotros cumplimos con nuestro deber de trasladar nuestras necesidades a la Administración competente. A partir de ahí, ya no depende de nosotros.
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Hace poco se culminó la creación de los tribunales de instancia y de la nueva Oficina Judicial. ¿Les está afectando?
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La implantación del nuevo modelo de oficina ha generado importantes disfunciones en la operativa judicial de la comunidad. Además, ha sufrido un revés con la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia. A la Fiscalía le ha afectado en menor medida, porque se trata sobre todo del rediseño de la Oficina Judicial. Pero, en la práctica, las oficinas necesitan un periodo de adaptación y el traslado de asuntos de los juzgados a Fiscalía se está resintiendo. Eso nos afecta, aunque menos que a los juzgados.
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¿Era necesaria esa reforma?
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Era necesaria en la medida en que el legislador decidió cambiar el modelo. Todas las comunidades autónomas estaban obligadas a adaptarse a lo que determinó la ley. El legislador partió de una realidad: el funcionamiento deficiente de los juzgados. La respuesta de la Administración de Justicia es manifiestamente mejorable. Otra cuestión es si el cambio de modelo es la solución adecuada. Eso lo veremos con el tiempo. Habrá que dejar pasar no solo meses, sino quizá años, para comprobar si el sistema funciona y mejora la respuesta a los ciudadanos.
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Pasemos a la evolución de los delitos en 2026. ¿Cuáles están al alza?
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Nos preocupan especialmente los delitos contra la libertad sexual. Más allá de que aumenten o no en términos estadísticos, la detección de tantos casos debe llamarnos a la reflexión. En Fiscalía hemos abordado esta realidad con una sección específica de violencia de género, que también ha asumido el conocimiento de estos delitos para dar una respuesta especializada.
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También han aumentado las estafas informáticas.
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Sí. Nos preocupa mucho el alza manifiesta de las defraudaciones cometidas a través de sistemas informáticos y digitales. Es un incremento exponencial que abruma a la Policía, que prácticamente no da abasto con la cantidad de denuncias. La tramitación posterior de esas causas judiciales también genera un atasco importante.
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¿Por qué se produce ese incremento?
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Los medios tecnológicos favorecen la actuación de los delincuentes, pero también creo que existe cierta falta de cuidado por parte de los ciudadanos en el manejo responsable de los sistemas digitales. Siempre recomiendo medidas de autoprotección como primer paso para resguardarse frente a estas intrusiones fraudulentas.
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Existe cierta falta de cuidado por parte de los ciudadanos en el manejo responsable de los sistemas digitales, recomiendo medidas de autoprotección
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¿Es fácil perseguir esos delitos?
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Es muy difícil. Hay que seguir el rastro tecnológico de los medios utilizados y muchas veces los autores ni siquiera están en España. Actúan desde plataformas extranjeras, lo que obliga a recurrir a comisiones rogatorias. Eso ralentiza la investigación y, en muchas ocasiones, los resultados son negativos.
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¿También preocupa el traslado de la violencia o las vejaciones al ámbito de las redes sociales?
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Sí. Nos preocupa la utilización de plataformas tecnológicas para cometer delitos. Y dentro de ese ámbito nos preocupa especialmente lo que ocurre con los menores. Hemos hablado recientemente con la consejera de Educación sobre esta cuestión. Queremos aportar nuestro grano de arena en la concienciación de los menores sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías.
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El Fiscal Superior, Gabriel Bernal. / Miki López
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¿Hay que concienciar también a los padres?
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Por supuesto. Una de las cuestiones que está sobre la mesa es la limitación, control o supervisión del uso de redes sociales por parte de los menores. Es un camino interesante. La sociedad puede hacer lo que esté en su mano, pero el control inmediato y directo corresponde a las familias. Ahí hay una responsabilidad importante.
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¿España debería fijar un límite de edad para el uso de redes sociales, como están planteando otros países?
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El problema no es solo fijar un límite, sino comprobar si puede hacerse efectivo y controlarse. La limitación está bien, pero lo más importante es la supervisión del uso. La prohibición por sí sola no sé hasta qué punto puede ser eficaz. Creo que habría que incidir más en la vigilancia, el control y la supervisión por parte de las familias.
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Ustedes han advertido de que muchos menores no conocen bien los límites legales en internet.
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Esa es nuestra impresión. Por eso hemos puesto en marcha un programa este curso escolar para transmitirles qué representa la responsabilidad por los propios actos. A veces se hace un uso alegre de las redes sociales y se despliegan conductas que tienen reflejo en el Código Penal. Son delitos, aunque ellos no sean conscientes. Queremos colaborar con las familias y las escuelas en la formación de ciudadanos responsables.
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A veces se hace un uso alegre de las redes sociales y se despliegan conductas que tienen reflejo en el Código Penal
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En los últimos meses han aparecido informaciones sobre bandas juveniles, algunas de extrema derecha y otras vinculadas a grupos como los Trinitarios. ¿Les preocupa ese caldo de cultivo?
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Nos preocupa a todos. En Asturias se ha detectado alguna banda de esa naturaleza, pero no creo que represente hoy un problema de primer orden. En cualquier caso, las autoridades del Principado y, sobre todo, las policiales están muy al tanto y se está realizando una labor importante de prevención para evitar la proliferación de este tipo de bandas. No estamos en una situación comparable a la de otras comunidades como Madrid o zonas del Levante.
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El área de menores de la Fiscalía es especialmente delicada. ¿Les preocupa la situación del centro de Sograndio?
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Sí. Sograndio es un edificio que lleva muchos años operativo y ha envejecido mal. En su momento ya llamamos la atención sobre la necesidad de abordar una reforma integral, que probablemente pase por construir un nuevo edificio adaptado a la criminalidad actual de los menores, a la garantía de sus derechos y a la seguridad de las personas que trabajan en el centro. Nos congratula que el Principado haya anunciado su intención de construir un nuevo edificio. Esperamos que cristalice cuanto antes.
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¿Qué evolución siguen los delitos de violencia de género?
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La cifra no se reduce, y eso es preocupante. Se estanca, si no sube. Diría que hay un alza sostenida, no escandalosa, pero sí creciente. Nos preocupa que no baje.
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Poner la existencia de la violencia de género en tela de juicio envía un mensaje erróneo a la sociedad y puede entorpecer la tarea de los operadores jurídicos para erradicar estos delitos.
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¿Eso significa que están fracasando las políticas de género?
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En mi opinión, no. Probablemente, si no existieran, las cifras serían mucho mayores. El problema es que asistimos a cierto discurso político que pone en cuestión algo que yo creía superado: la realidad de la violencia de género como fenómeno sociológico, criminológico, histórico y cultural. Poner eso en tela de juicio envía un mensaje erróneo a la sociedad y puede entorpecer la tarea de los operadores jurídicos para erradicar estos delitos.
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¿Cómo está funcionando la comarcalización de los asuntos de violencia de género en Gijón?
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En principio, con normalidad. Los asuntos cometidos en determinadas demarcaciones se están derivando a Gijón y se están tramitando. Ahora se ha resuelto que el enjuiciamiento de esos delitos no se hará ante el juzgado de lo penal de Gijón, sino ante el de Oviedo. Eso supone un baile de intervinientes —víctimas, acusados y profesionales— que no es deseable, pero es el sistema diseñado y tenemos que manejarlo.
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Un momento de la entrevista. / Miki López.
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¿Hay riesgo de colapso en los juzgados de violencia?
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No, no hay riesgo de colapso. Con la comarcalización, estos juzgados han perdido unas competencias y han asumido otras, de modo que se produce cierto equilibrio. Sí ha aumentado la carga de trabajo, porque los delitos sexuales son complejos y requieren muchas diligencias: declaraciones de víctimas e investigados, búsqueda de testigos, pruebas periciales psicológicas y forenses, y pruebas preconstituidas. Son instrucciones difíciles y eso debe tenerse en cuenta al valorar plantillas o nuevos órganos.
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Hace poco se conoció el caso de una mujer agredida tras un fallo en una pulsera telemática de control. ¿Les consta algún problema generalizado?
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Los fallos de los dispositivos electrónicos pueden existir, pero quiero dejar claro que no hay un funcionamiento defectuoso generalizado. Llevamos años utilizándolos de manera correcta, regular y eficaz. En algún caso puede haberse detectado algún fallo, pero la mayor parte no se han traducido en incidentes perjudiciales para las víctimas. Yo lo dejaría en algo anecdótico, que no entorpece un dispositivo que nos parece fundamental para la protección adecuada de las víctimas.
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Se ha aclarado el crimen de Lugo de Llanera, relacionado con una banda criminal de narcotráfico. ¿Les preocupa una mayor presencia de estas organizaciones en Asturias?
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Sí. Por la información que nos suministra la Policía y por el trabajo interno de la Fiscalía Delegada de Drogas, estamos constatando incautaciones de alijos importantes, además de droga dura, como cocaína. También hemos detectado la presencia de tráfico de fentanilo, una sustancia peligrosísima. Y se ha comprobado la implantación de organizaciones criminales con vínculos o raíces en otros países, especialmente de Centroamérica y Sudamérica. Nos preocupa y estamos al tanto. Esperamos que no sea una tendencia general hacia una mayor criminalidad organizada en Asturias.
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Asturias no estaba acostumbrada a imágenes de ajustes de cuentas como la de Lugo de Llanera.
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Ese tipo de organizaciones criminales suelen llevar aparejadas conductas violentas. Son grupos que pueden actuar con gran agresividad para controlar a sus miembros o tomar represalias cuando alguien no responde al negocio. Eso genera un clima de inseguridad muy importante en la ciudadanía.
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¿Puede deberse a la presión que sufren los narcos en Galicia?
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En algún momento pensamos que podía ser así, pero recientemente lo hablé con la Policía y no está tan claro. El problema es que cada vez se consume más droga. Hay más mercado, más demanda y, por tanto, más oferta. El tráfico se disemina y se multiplica tanto a menor como a mayor escala.
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El problema es que cada vez se consume más droga. Hay más mercado, más demanda y, por tanto, más oferta.
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Pasemos a la siniestralidad laboral y a la investigación de grandes accidentes como los de Cerredo o Coaña. ¿Cómo avanzan esas causas?
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La investigación tiene que seguir su curso. El fiscal tiene una presencia activa en este tipo de delitos e impulsa los procedimientos. Deseamos que puedan finalizar cuanto antes y resolverse de manera efectiva.
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En accidentes mineros se han visto procesos judiciales muy largos. ¿Son instrucciones demasiado complejas?
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Son muy complejas. Hay que practicar muchas pruebas, tomar muchos testimonios y la obtención de pruebas no es sencilla. También se basan en investigaciones policiales e informes periciales. Todo eso lleva tiempo. Confío en que las causas que afectan a Asturias se aceleren todo lo posible. El fiscal está para impulsar y agilizar la tramitación, pedir diligencias para esclarecer el delito y determinar la autoría, y oponerse a actuaciones que puedan resultar perturbadoras o dilatorias.
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¿Puede haber responsabilidad de la Administración por falta de vigilancia?
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Eso se valorará oportunamente. Estando la investigación en curso, no debo hacer comentarios.
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¿En cuántos años podría llegar a juicio un caso como el de Cerredo?
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No lo sé. Espero que la fase de investigación no se dilate mucho. Después vendrá la formulación de escritos y el señalamiento del juicio, que dependerá también de la situación de los órganos judiciales encargados del enjuiciamiento, que tienen una carga importante de asuntos pendientes.
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¿Hay una siniestralidad laboral excesiva en Asturias?
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Las cifras son preocupantes. La clave está en la prevención y la formación. Cuando interviene la Administración de Justicia, la infracción ya se ha producido y muchas veces deriva de un accidente con resultado lesivo para la integridad de los trabajadores. Llegamos tarde. Hay que actuar antes, con prevención, educación y formación de trabajadores y empresas.
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Los accidentes mineros recientes han generado alarma porque parecían cosas del pasado en Asturias.
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Cada caso tiene sus causas. La actividad minera se ha reducido muchísimo, y también los accidentes respecto a décadas pasadas. Pero mientras exista actividad extractiva, sea subterránea o a cielo abierto, hay que extremar la inspección y el control. Muchas veces estos accidentes se producen por incumplimiento de la normativa. La actividad minera ya es de por sí arriesgada, y si no se controla adecuadamente, las consecuencias pueden ser muy graves.
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Gabriel Bernal. / Miki López.
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Estamos en época de incendios. ¿Son eficaces las investigaciones contra quienes los provocan?
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El año pasado tramitamos 188 diligencias de investigación por incendios forestales. Este año llevamos, a estas alturas, 53. Probablemente estaremos en cifras parecidas o algo superiores al año pasado, aunque habrá que valorarlo cuando termine el ejercicio. La mayor parte de los incendios forestales son intencionados y la mayoría de las investigaciones no dan resultado positivo porque es muy difícil determinar la autoría.
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¿Cuántos casos llegaron a juicio?
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El año pasado, si no recuerdo mal, el fiscal formuló acusación en 20 ocasiones. Llevamos a juicio a 20 personas y en 15 hubo condena. Hay pocos casos esclarecidos, pero cuando se esclarecen y llegan a juicio, la cifra de condenas es satisfactoria.
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Este año llevamos, a estas alturas, 53 investigaciones por incendio, el año pasado fueron 188 y se formularon 20 acusaciones, con 15 condenas
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¿La dificultad está en saber cómo empezó el fuego o en identificar al autor?
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Sobre todo en identificar al autor. La determinación de las causas suele aclararse en la mayoría de los casos. Muchas veces se confirma que son intencionados o provocados. Lo verdaderamente complejo es determinar quién los causó. Esa es la asignatura pendiente.
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¿Ocurre algo parecido en delitos medioambientales, como el furtivismo?
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Sí. Es muy difícil reunir carga probatoria suficiente para identificar a los autores. En el furtivismo se utilizan cámaras de fototrampeo en lugares estratégicos, pero no siempre dan resultado. Quienes cometen estos delitos suelen ser personas experimentadas, conocen el monte y saben cómo actuar con seguridad. Son delitos de absoluta clandestinidad.
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¿Falta colaboración ciudadana?
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Probablemente en el entorno de los autores muchas veces se sabe quién realiza determinadas conductas. El compromiso ciudadano sería muy valioso para esclarecer estos delitos. Pero por razones comprensibles no siempre se cuenta con colaboración en los lugares donde ocurren.
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A nivel nacional se están conociendo casos de corrupción preocupantes. ¿Hay investigaciones de este tipo en Asturias?
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En Asturias estos asuntos se centralizan en un fiscal especializado que designamos el año pasado, cuando se creó un servicio específico para delitos de corrupción. ¿Hay muchos? No especialmente. Hace años sí hubo una oleada de denuncias sobre supuestas actuaciones prevaricadoras de alcaldes u otros responsables, pero aquello pasó y ahora no hay tantos procedimientos. En cualquier caso, todos los asuntos se reflejan en nuestras memorias.
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¿Cómo ve la figura del fiscal instructor?
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Es un asunto complejo. Se habla de cambio de modelo procesal porque el actual no funciona convenientemente. Es un modelo que data de finales del siglo XIX y, aunque ha tenido muchas reformas, la justicia sigue siendo lenta y, a veces, poco eficaz. La alternativa es seguir lo que hacen la mayoría de los países de nuestro entorno: conferir la investigación al fiscal y que un órgano judicial enjuicie después las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal.
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¿Le parece correcto ese planteamiento?
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No diría que no, pero para que funcione habría que hacerlo con mucho tino y mucho cuidado. El fiscal debería contar con muchísimas garantías que ahora no tenemos, y también con medios. No rechazo el cambio de modelo, pero cambiar para no mejorar tampoco tendría sentido.
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¿Incluso con un sistema electivo como el de Estados Unidos?
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Creo que una garantía del correcto funcionamiento de fiscales y jueces es que la forma de selección sea neutra, objetiva e imparcial. Una elección popular de jueces o fiscales no sé en qué medida aportaría más imparcialidad. Ahora el acceso se basa en criterios objetivos: una oposición y un periodo de prácticas. El modelo electivo es propio de Estados Unidos y no veo que otros países lo hayan replicado. Eso me parece significativo.
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El Gobierno ha planteado cambios en el acceso a la judicatura y la Fiscalía. ¿Qué le parecen?
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Existía esa idea, pero tal y como están las cosas a nivel político no parece que tenga muchos visos de prosperar. La perspectiva de futuro es que sigamos como estamos.
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El Fiscal Superior. / Miki López
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Los tribunales superiores de justicia han unido su voz por la independencia judicial. ¿Ve un conflicto entre el poder político y el judicial?
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Todo lo que concierne a lo judicial nos importa. Está el debate sobre el llamado lawfare. ¿Existe o no? Ha habido determinados actos identificables como intentos de judicializar la política: el bloqueo de instituciones del Poder Judicial, la presentación de denuncias sin sustento real o la realización de juicios mediáticos que generan procesos paralelos. Son casos de actualidad reciente.
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¿Y en sentido inverso? ¿Hay politización de la justicia?
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Estoy absolutamente tranquilo. Creo que tenemos un poder judicial independiente, que actúa de manera imparcial y objetiva. Puede haber actuaciones judiciales concretas que sorprendan o llamen la atención, pero son casos aislados. No muestran, a mi juicio, un comportamiento general del Poder Judicial. La ciudadanía debe confiar en la Administración de Justicia.
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Tenemos un poder judicial independiente, que actúa de manera imparcial y objetiva; aunque pueda haber actuaciones que sorprendan, son aisladas
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Desde la judicatura se denuncia que el poder ejecutivo va más allá de la crítica y entra en descalificaciones.
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Es un tema delicado. La crítica a cualquier estamento del Estado no solo es legítima, sino necesaria. También lo es la crítica a la actuación de los jueces cuando procede. Otra cosa es aprovechar ese derecho para atacar sin fundamento la actuación judicial, sembrando sospechas de parcialidad. Eso no me parece correcto.
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La Fiscalía también se ha visto golpeada por varios casos de actualidad, como las supuestas reuniones de la «fontanera» del PSOE en la Fiscalía General del Estado. ¿Pueden afectar a su imagen?
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Espero que no. De momento no se ha detectado nada irregular, y en cualquier caso hay cuestiones que están siendo investigadas en procedimientos judiciales. Hacer conjeturas o aventurar conclusiones me parece injustificado en este momento.
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