El Reino Unido exigirá a los refugiados devolver hasta 11.000 euros por gastos de alojamiento
El Reino Unido obligará a las personas con estatus de refugiado a devolver hasta 10.000 libras esterlinas (unos 11.600 euros) por los gastos de alojamiento y manutención durante el tiempo que estuvieron esperando una respuesta a su solicitud de asilo. La medida ha sido incluida en el proyecto de ley de Inmigración y Asilo, presentado este martes en el Parlamento británico, y afectará sólo a aquellos que superen un mínimo de ingresos anuales aún por determinar. El Gobierno laborista pretende reducir el gasto en hoteles para solicitantes de asilo con esta decisión, a pesar de que los críticos dudan de su efectividad.
[–>[–>[–>«Que los solicitantes de asilo reciban ayudas es un derecho, pero también una responsabilidad. Cuando las personas estén en condiciones de contribuir y corresponder a la generosidad del pueblo británico, esperamos que lo hagan», ha asegurado la ministra del Interior, Shabana Mahmood. En caso de que no lo hagan, perderán el derecho a recibir la residencia permanente en el país. El nuevo sistema es parecido al que ya funciona con los créditos universitarios, los cuales sólo se tienen que empezar a devolver cuando los estudiantes se incorporan al mercado laboral y empiezan a ganar una cantidad mínima al año.
[–> [–>[–>Representantes de organizaciones de apoyo a los refugiados han alertado de que esta medida apenas aportará dinero a las arcas públicas, ya que la gran mayoría de los refugiados tienen ingresos muy bajos incluso años después de recibir el permiso de residencia. Tan sólo uno de cada cuatro perciben salarios superiores a las 20.000 libras anuales (23.300 euros) cinco años después de que se acepte su solicitud, según datos del propio Ministerio del Interior. Esta cantidad estará previsiblemente por debajo de la fijada por el Gobierno para empezar a reclamar la devolución de los gastos de alojamiento.
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Más deportaciones
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El proyecto de ley también prevé endurecer las normas para dificultar que las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada puedan bloquear su deportación. El Gobierno ha puesto el foco especialmente en el Artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la vida privada y familiar. La propuesta prevé limitar la definición de «familia» únicamente a los parientes directos, con el objetivo de evitar que aquellos que estén pendientes de ser deportados aleguen tener un arraigo familiar lejano para frenar su expulsión.
[–>[–>[–>El texto también incluye una provisión para evitar «abusos» en el sistema de protección de las víctimas de esclavitud moderna. El Ejecutivo argumenta que muchas personas alegan haber sido víctimas de trata para frenar su expulsión y señala que, el año pasado, el 76% de las que lo hicieron presentaron la denuncia en las horas previas a la salida de su vuelo. En caso de ser finalmente aprobada, la ley impedirá a los extranjeros condenados por algún delito se beneficien de esta protección y pondrá fin a las denuncias de última hora, salvo en circunstancias excepcionales.
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Control migratorio
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El proyecto de ley forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno para reducir la llegada de inmigrantes. La ministra Mahmood ya anunció el pasado septiembre nuevas condiciones para obtener la residencia permanente en el país, entre ellas tener un empleo y hacer contribuciones a la Seguridad Social; no depender de ayudas sociales; no tener un historial delictivo o contar con un buen nivel de inglés. Además, el plazo mínimo para lograr este permiso se extenderá de cinco a diez años en la mayoría de los casos.
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[–>El Ejecutivo también está tratando de reducir las llegadas irregulares de inmigrantes y limitar el número de solicitudes de asilo presentadas en territorio británico. El nuevo proyecto de ley incluye la implementación de programas de «patrocinio» gestionados por comunidades de inmigrantes y organizaciones benéficas (community sponsorship scheme), que permitirán la llegada ordenada de refugiados al país a través de organismos internacionales como ACNUR. Bajo este sistema, serán grupos religiosos, asociaciones vecinales e incluso universidades quienes se comprometerán a recibir y apoyar a refugiados concretos durante sus primeros meses o años en el Reino Unido, bajo la supervisión del Ministerio del Interior.
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