Los fondos europeos Next Generation EU nacieron como una respuesta excepcional a una crisis excepcional. La pandemia requirió medidas extraordinarias y la Unión Europea optó por una fórmula de financiación común sin precedentes para impulsar la recuperación y acelerar la transformación económica de los Estados miembros. Más allá del debate sobre la conveniencia de mutualizar deuda o financiar transferencias directas -una decisión discutible desde el punto de vista económico-, una vez aprobados los fondos, la cuestión ya no era si eran el mejor instrumento y pasó a ser cómo gestionarlos con la máxima eficiencia.

España tenía ante sí una oportunidad difícil de repetir. Nunca había contado con tal volumen de recursos para modernizar su estructura productiva sin aumentar inmediatamente la presión sobre sus cuentas públicas. El objetivo debe ser promover proyectos capaces de aumentar la productividad, promover la innovación, fortalecer la competitividad y estimular la inversión privada. En definitiva, aumentar el crecimiento potencial de la economía. Sin embargo, a medida que se acerca el final del programa, todo indica que esta oportunidad se ha desperdiciado en gran medida.

La Comisión Europea ha mostrado cierta flexibilidad al aceptar que algunos desembolsos puedan contabilizarse incluso si determinadas acciones no se han completado materialmente. Esta interpretación facilita el cumplimiento formal de algunos hitos, pero no resuelve el problema esencial: la capacidad real de ejecutar proyectos útiles en los plazos previstos.

El calendario sigue siendo muy exigente. La fecha límite del 31 de agosto se mantiene sin cambios y Bruselas ha reiterado que no contempla nuevas prórrogas. Aunque todavía es posible avanzar durante el verano, la actividad administrativa y empresarial se ralentiza considerablemente en agosto. Las licitaciones, certificaciones y procedimientos de control difícilmente siguen el mismo ritmo. Lo que no se ha promocionado con suficiente antelación corre el riesgo de no llegar a tiempo.

Ahora bien, el verdadero problema no reside sólo en el calendario. El problema de fondo es que España no ha aprovechado plenamente el potencial transformador de estos recursos. El éxito de un programa de inversión pública nunca depende exclusivamente del dinero movilizado, sino de la calidad de los proyectos financiados. Estos fondos se utilizarían para mejorar la infraestructura estratégica, acelerar la digitalización,

impulsar la innovación empresarial, fortalecer el capital humano y crear un entorno favorable para que el sector privado multiplique el efecto inicial de la inversión pública. Ese era el verdadero propósito del programa.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha confundido ejecutar un presupuesto con transformar la economía. La selección de proyectos ha estado excesivamente condicionada por criterios políticos y la necesidad de mostrar resultados inmediatos. Se ha priorizado el anuncio sobre la evaluación económica y la distribución de fondos sobre su rentabilidad social. Se ha confundido gasto con inversión.

A esto se suma una burocracia extraordinariamente compleja. Empresas, autónomos y administraciones territoriales han denunciado convocatorias difíciles, retrasos en las resoluciones, incertidumbre sobre los criterios de adjudicación y procedimientos excesivamente lentos. Numerosos proyectos con capacidad real de generar crecimiento han encontrado obstáculos administrativos que han retrasado o incluso impedido su ejecución.

La paradoja es evidente. España recibió una financiación excepcional en un contexto de elevada deuda pública y escaso margen presupuestario. Precisamente por eso, estos recursos debieron concentrarse en acciones capaces de incrementar permanentemente la capacidad productiva del país. Había llegado el momento de emprender inversiones estratégicas y crear un marco que alentara al sector privado a ampliar sus propias inversiones. Sin embargo, en muchos casos las empresas han encontrado más obstáculos que incentivos.

La economía crece cuando los incentivos funcionan correctamente. El sector público puede impulsar proyectos estratégicos y facilitar la inversión inicial, pero el crecimiento sostenido depende de la capacidad del sector privado para invertir, innovar y competir. Cuando la prioridad pasa a ser simplemente distribuir recursos, el efecto multiplicador disminuye y la eficiencia se resiente.

Por ello, el saldo de los fondos europeos no debería limitarse al porcentaje finalmente ejecutado. La cuestión relevante será cuánto crecimiento adicional han generado, cuánta productividad han incorporado a la economía y en qué medida han reforzado la competitividad de España. Estas son las variables que determinarán si el programa realmente cumplió su objetivo.

Lamentablemente, todo indica que el resultado estará muy por debajo de lo que podría lograr una oportunidad histórica de esta magnitud. Existe el riesgo de que parte de los recursos no se implementen en su totalidad y, además, que una parte importante de los ya desembolsados ​​no produzca el impacto estructural esperado.

Harán falta muchos años para que España vuelva a tener una oportunidad similar. Por tanto, el verdadero juicio sobre los fondos europeos no dependerá del dinero recibido ni del volumen de gasto certificado, sino de las mejoras permanentes que hayan dejado en productividad, competitividad y crecimiento potencial. Si esta transformación no se produce, la mayor inyección de recursos públicos de las últimas décadas habrá acabado convirtiéndose en una de las grandes oportunidades perdidas de la política económica española.