Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda que presidió ayer su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha conseguido su primer vano objetivo de aprobar la senda de estabilidad para las comunidades autónomas -con un tope del 0,1% del PIB- y la regla de gasto -situada en el 4%-, para un déficit total de las Administraciones Públicas del 1,8% en 2027. Sin embargo, no ha conseguido convencer de los beneficios de su plan presupuestario a ninguna de las comunidades gobernadas por el PP, por lo que ha optó por acusarles de «falta de solidaridad» y de «no pensar en España en su conjunto». Precisamente, el argumento que han esgrimido las regiones populares para rechazar tanto esta vía de estabilidad como la propuesta de financiación para el próximo año, por la que recibirían un 8% más que en 2026.

«No es creíble lo presentado, dijeron lo mismo en 2024, en 2025 y en 2026 y todo fue rechazado. Y ahora, nada ha cambiado y, por tanto, lo de 2027 tampoco sirve de nada», explicó la ministra de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que se mostró especialmente crítica con lo aprobado porque se trata «sólo de una nueva tapadera, un paripé y una cortina de humo para poder pasar la pantalla y ocultar los casos de corrupción del Gobierno, que sólo quiere ganar tiempo».

Otros concejales del PP se quejaron de que el objetivo aprobado es «imposible de cumplir» debido a las obligaciones que les impone el Gobierno. «No tenemos suficientes recursos. Por eso pedimos un modelo que garantice que todos seamos iguales, como dice la Constitución. Pero, en este contexto, ¿cómo vamos a cumplir?”, se quejó la concejala extremeña, Elena Manzano.

Por otro lado, las comunidades socialistas mostraron su apoyo a la propuesta. Sobre todo, la consellera de Economía y Hacienda, la socialista Alicia Romero, que se ha adjudicado la propuesta de establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades autónomas, teniendo en cuenta la diferente situación fiscal de cada una, que la ministra de Hacienda ha abierto la puerta al debate. «No todas las comunidades autónomas son iguales», reiteró Romero.

Pese al apoyo de la delegación catalana, Junts ya ha avisado al Govern de que votará en contra de los objetivos de déficit si las propuestas «siguen siendo las mismas» que en 2025 y lamentó que un Govern que ha sido «incapaz de tramitar un presupuesto único durante toda la legislatura» pretenda ahora obtener sus votos «sin dar los recursos económicos que corresponden a la Generalitat» y a los ayuntamientos catalanes. «Si el Gobierno español hace las mismas propuestas que años anteriores obtendrá el mismo resultado y no podrá contar con nuestro voto». De esta forma, se confirma que lo aprobado en el CPFF volverá a quedar como una cortina de humo, un mero trámite sin futuro, ya que la aprobación en el Consejo de Ministros del objetivo de déficit, la senda de estabilidad y el techo de gasto no significará nada, al no contar con los votos suficientes en el Parlament para llevarlo a cabo, tras la negativa de Junts a ceder sus votos.

Y el Gobierno también sabe que no podrá dar luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC para que esté aprobado y en vigor en 2027. España ha prometido que esta semana enviará un borrador a las comunidades autónomas, que será la base del texto que luego se enviará al Congreso. «Pido a todas las comunidades autónomas, incluso a aquellas que se han negado a negociar con el Gobierno de España, que lo hagan ahora». Pero las comunidades del PP no están por la obra y ya han dicho que la propuesta «no es justa para todas las comunidades ni tiene en cuenta el aumento del gasto».

El Gobierno ya ha intentado aprobar los objetivos de estabilidad de ejercicios presupuestarios anteriores, pero ha fracasado en todos ellos, el último en diciembre de 2025 cuando el Ejecutivo pretendía tramitar los Presupuestos de 2026. Si son rechazados nuevamente el día 14, está prevista una segunda votación en pleno el 23 de julio. Tanto el Pleno del 14 de julio como el del 23 serán extraordinarios al desarrollarse fuera del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, que finaliza el 30 de junio.

El Consejo también ha abierto el debate sobre la posibilidad de fijar objetivos de déficit asimétricos, como ocurrió en 2013 y como «varias regiones han propuesto en diferentes momentos», porque «no todas las comunidades autónomas parten de la misma base» por elementos como el efecto del sistema de financiación o por «la gestión que han tenido», defendió el ministro de Hacienda. Este reparto desigual del déficit del 0,1% sería un «ejercicio de solidaridad entre territorios», ya que regiones con superávit cederían parte de su margen a otras más ajustadas, como la Comunidad Valenciana o Murcia, aunque «no he percibido voluntad de llegar a un acuerdo» por parte de las regiones del PP.

Y lo dice bien, ya que estos gobiernos creen que esta propuesta «crea regiones de primera y segunda categoría y premia a aquellas que no han respetado las reglas del juego, que tienen que ser iguales para todos. No se puede premiar a unos y perjudicar a otros».