A los 80 años, Daniel Ortega hizo saber que Nicaragua le pertenece por completo. Es un bien personal que comparte con Rosario Murillo, su esposa y gobernante. A lo sumo legará el país a su familia. Hace tiempo que el diverso arco opositor sabe de sus propósitos de permanencia. Pero el hombre que se mantiene en el poder desde hace 19 años y que ganó las últimas elecciones compitiendo contra sí mismo, nunca había llegado tan lejos como en la última y desgastada efeméride del 19 de julio, cuando advirtió que «no volverá a haber elecciones» en Nicaragua y se propone crear un dispositivo legal para ese impedimento. La Organización de Estados Americanos (OEA), los países vecinos, ahora alineados con Estados Unidos y, en especial, la sociedad civil, repudiaron al unísono esa pretensión del matrimonio Ortega-Murillo. «Tiene un desgaste físico y mental evidente. En cualquier otro país ya debería estar declarado incapacitado para gobernar», aseguró Dora María Trellez, excomandante guerrillera y expresa política del régimen. A su criterio, «la dictadura está en su punto más débil«, y eso parece explicar la amenaza lanzada el domingo.