Iberdrola, Endesa y Naturgy Han pedido que los dos reactores de Almaraz puedan seguir funcionando hasta 2030. Además, han quitado una de las líneas rojas que tenía el Gobierno –y ellos también– respecto a la fiscalidad. Las empresas han presentado sus declaraciones sin que se atiendan los impuestos. De hecho, el Ejecutivo ha querido aprovechar esta situación.

Con todo ello, se pensaba que esta situación sería suficiente, pero la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen ha evitado comentar posibles escenarios. En concreto, en un encuentro con periodistas, la responsable de política energética dijo que no quiere dar su opinión hasta que Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizará el preceptivo informe sobre la solicitud de prórroga. «El Gobierno no va a prejuzgar absolutamente nada de lo que salga del CSN», ha insistido una y otra vez Aagesen ante preguntas de la prensa. Y todo esto tiene una encrucijada política importante.

Impacto extremeño

Si en algo va a influir el futuro de la central nuclear de Almaraz es, evidentemente, las elecciones autonómicas en Extremadura, convocadas para el próximo 21 de diciembre. La central, de hecho, ha sido una de las grandes bazas políticas del gobierno de María Guardiola durante sus dos años en el cargo. La líder popular ha liderado su particular cruzada contra el cierre, centrándose directamente en el Gobierno de España y cuestionando el papel del PSOE de Extremadura. De hecho, la Junta anunció que bajaría la ecotasa al 50%, lo que el ejecutivo regional entiende ha sido un paso decisivo para que las empresas propietarias solicitaran la prórroga.

Este viernes, el presidente de la Junta comentaba irónicamente la postura de Aagesen sobre el cierre nuclear: «Llevábamos años luchando para evitar el cierre de Almaraz, pero bastó una convocatoria electoral para que apareciera el ‘reflejo energético’. Milagros de la democracia. Ahora, el Gobierno de Sánchez recoge el cable y encima quiere fabricar un cuento. «Estoy satisfecho de que nuestra central nuclear siga funcionando y las miles de familias que dependen de ella tengan futuro».

Es poco probable que el CSN se pronuncie antes del 21 de diciembre; Por tanto, para entender qué influencia puede tener el futuro de Almaraz en las elecciones autonómicas basta imaginar dos escenarios. La más probable es la actual, que el Gobierno siga sin «mojarse», apelando sólo al informe del CSN, o que se pronuncie en contra de la prórroga. De ser así, la «no decisión» del Gobierno sobre Almaraz podría perjudicar directamente al PSOE extremeño. Ya en las elecciones autonómicas de 2023, los socialistas perdieron fuerza en buena parte de los municipios que dependen de la oficina central. Con el cierre aún más cerca, es lógico pensar que tendría un efecto directo en las aspiraciones de Miguel Ángel Gallardoya debilitado por el acontecimiento electoral.

El otro escenario es que el Gobierno, casi de repente, se manifieste a favor del futuro de Almaraz. Eso podría reducir el impacto para los socialistas. Sea como fuere, sobre el papel, parece que la situación de incertidumbre en torno a Almaraz podría favorecer electoralmente al PP de Guardiola y, también, a Vox, que siempre se ha mostrado radicalmente partidario de la continuidad nuclear.

Aparece agregar

Por si fuera poco tensión, al cruce se suma otro actor. El Ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernesto UrtasunInstó ayer a todo el Gobierno a «no ceder a las presiones» para alargar la vida de las centrales nucleares y mantener el calendario de cierre firmado por el PSOE y Sumar.

«El calendario de cierre de la central nuclear no se toca», dijo en declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona. Urtasun destacó que el Gobierno «tiene que ser firme ante las pretensiones del oligopolio energético y mantener el calendario de cierre de todas las centrales nucleares según lo previsto» y, según recordó, lo firman Sumar y el PSOE en su acuerdo de gobierno.

«Realizaremos un cierre planificado, seguro, ordenado y socialmente justo de las centrales nucleares, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, dando continuidad a los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa», se lee en el acuerdo.

Esto supone una presión añadida para la Transición Ecológica. Por si fuera poco, la ministra destacó que Sumar será exigente, y afirmó que «si se modifica el calendario de cierre de las centrales nucleares se pondrá en riesgo las inversiones necesarias en energías renovables» que España necesita en los próximos años. Es decir, también introduce en la ecuación las tecnologías verdes, que tantos quebraderos de cabeza están dando desde el apagón de abril.

En cuanto al procesoDe la entrada en escena del CSN pueden surgir tres escenarios. La primera, favorable para las empresas, es que consideren que todo está en orden y que pueden seguir operando. El siguiente escenario, también favorable, podría no ser tan positivo para las empresas, pero sí para el Gobierno, ya que el CSN podría considerar que las plantas sigan funcionando pero con determinadas condiciones; sobre todo, de carácter económico -como mayores inversiones en seguridad- que provoca que los propietarios no estén en condiciones de mantener abiertas las plantas y, por tanto, se ajustarían al actual calendario de cierre que comienza en 2027. En este escenario, también permite que el Ministerio para la Transición Ecológica no tenga que pronunciarse al respecto. Finalmente, el CSN puede decir que no hay viabilidad técnica, las plantas se cierran y el Gobierno sale ganador por cumplir su programa.