Este jueves 27 de enero será un día crucial para José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, investigado por corrupción, sabrá mañana si irá o no a prisión. Todo dependerá de la decisión del Tribunal Supremo de modificar las medidas cautelares aplicadas hasta el momento, tal y como solicitan algunos partidos.

El ahora diputado del Grupo Mixto no quiso pasar desapercibido en vísperas de su designación ante el Tribunal Supremo y tomó medidas contra el Gobierno. Primero, al asegurar que “fuentes personales” confirmaron que Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi se reunieron en un caserío para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

“Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy sólo puedo decir lo que me dijeron fuentes personales, es decir, que esa entrevista existió”, dice el mensaje del exministro publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Ábalos escapa del uso irregular de la casa de Yolanda Díaz

Por otro lado, Ábalos también disparó contra Yolanda Díaz después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo le tachara de «presunto abismo» durante una entrevista en laSexta en la que pedía aplicar la ley contra quienes cometieran «muy grandes tropelías».

Ábalos sugirió que Díaz haría uso irregular del alojamiento oficial del que disfruta como ministra de Trabajo, acusándola de otorgarlo a modo de indulto «sin tener derecho a hacerlo».

“Tal vez debería aclararnos si el alojamiento asignado a los ministros y sus familias podría ser utilizado por otras personas sin derecho a hacerlo”, afirmó el diputado en un largo mensaje publicado también en su cuenta de Twitter.

Ábalos presentó una denuncia contra Díaz, desafiándola a recordar el papel que jugó cada uno de ellos durante la pandemia y acusándola de no respetar un «principio fundamental como es la presunción de inocencia».

El juez Leopoldo Puente citó este jueves a Ábalos y Koldo, ambos imputados por corrupción en la misma trama, para informarle si ampliaría o mantendría las medidas cautelares. Hasta el momento el magistrado se ha negado a enviarlos a prisión provisional, como ocurrió con Santos Cerdán, pero ha advertido de un riesgo cada vez mayor de fuga a medida que se acerca la fecha del juicio.

La persecución anticorrupción exige 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años para su exasesor, Koldo García, y 7 años para el empresario Víctor de Aldama.

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