El lunes pasado, el El Gobierno central y el Gobierno Vasco firman un acuerdo por el que ambos se comprometen a crear un organismo bilateral País Vasco-Estado en materia aeroportuaria para, según anunció la portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Gobernación y Autonomía, María Ubarretxena, profundizar en «colaboración, coordinación y gestión» lo que permitirá al País Vasco participar en el diseño del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que incluye aspectos como inversiones, costes o previsiones de tráfico de pasajeros.

El Ministerio de Transportes confirmó en un comunicado que se había alcanzado un «principio de acuerdo» sobre el documento de participación del Gobierno Vasco en las infraestructuras aeroportuarias de Loiu (Vizcaya), Foronda (Álava) y Hondarribia (Guipúzcoa). Sin embargo, aclaró en otra nota que lo establecido es «un instrumento de colaboración, coordinación y participación» en materia aeroportuaria promover el buen funcionamiento y desarrollo de su actividad en el territorio. El departamento dirigido por Óscar Puente en ningún caso mencionó la posibilidad de cogestión de las infraestructuras. Y a última hora de ayer, fue la propietaria de los aeropuertos, Aena, la que dejó claro que el acuerdo no abre esa puerta, que también da por cerrada.

Según explica la compañía presidida por Maurici Lucena en una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el citado acuerdo «no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo de negocio de Aena, sino que Se inserta en el marco de participación y comunicación de las comunidades autónomas contemplado en la Ley 18/2014, que tiene carácter consultivo y no resolutivo.«.

El directivo asegura haber transmitido en todo momento a las administraciones públicas competentes las fortalezas y ventajas del actual sistema aeroportuario español; la importancia de la gestión integrada de la red aeroportuaria, fundamental para el buen funcionamiento de la economía española; los derechos legales que asisten a sus accionistas (públicos y privados), y, sobre todo, la «especial y sólida protección que el actual marco legal y constitucional y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario y a la sociedad (que, en todo caso, debe ser respetada)».

En este sentido, Aena también advierte en la nota de que perseverará en su labor de seguimiento de la evolución y, en su caso, «si es necesario, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legislación vigente, del interés social de Aena y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas (público y privado)».

viejo anhelo

La gestión directa de sus aeropuertos o, como mal menor, su cogestión es un deseo de larga data tanto de los secesionistas vascos como de los catalanes. Sin embargo, el propio Lucena ya cerró esa puerta el pasado mes de enero. El presidente de Aena, durante un acto público, aseguró en línea con lo que ahora vuelve a defender su empresa que hay un marco regulatorio que tiene un núcleo central que está en la Constitución -el (artículo) 149 establece que la competencia en materia de aeropuertos de interés general es exclusiva del Estado- y también hay una privatización parcial de su capital que «protegen el modelo actual de la empresa».

Para el presidente de Aena, blindajes legales a un lado, pensar que el Estado puede imponer su «rollo» con el 51% que controla en decisiones de este tipo es un error. Según advirtió, si lo hiciera, el resto de accionistas, que recordó son «propietarios del 49% de los aeropuertos españoles, de sus pistas, de sus terminales…», se defenderían con los medios a su alcance ante una decisión de este tipo.

Lucena afirmó que lo que puede haber es «espacio para profundizar en la coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos», pero en ningún caso ha abierto la puerta al traspaso de gestión o cogestión de los aeropuertos.