ahora alega que una de las magistradas lo interrogó hace años en el marco de la «Operación Pokémon»
La defensa del narco Carlos García Morales, conocido como «Matador«, trata de ganar tiempo. Su abogado, el coruñés Luciano Prado del Río, comenzó este jueves la segunda sesión del juicio por la operación contra el narcotráfico que supuso la incautación de 600 kilos de cocaína en una nave industrial de Naón (Siero) en 2022, pidiendo la anulación del mismo. Lo hizo alegando lo que considera una causa de recusación: la relación de una de las magistradas (Pilar de Lara) con el caso Pokemon en el que fue imputada la hermana del letrado (Paula Prado del Río, actual secretaria general del PP de Galicia), y en el que él mismo fue interrogado en calidad de testigo.
[–>[–>[–>Un argumento que la presidenta del tribunal, Ana María Álvarez, rechazó ya que, según explicó, el letrado conocía desde enero el nombre de las personas que constituirían el tribunal. «Es algo de lo que me di cuenta ayer por la tarde [una vez empezado el juicio]», se defendió el abogado. Álvarez le advirtió que «se podría abrir un expediente» por lo que acababa de decir.
[–> [–>[–>Con media hora de retraso. Así comenzó la segunda sesión de este miércoles, en la que solo continuó con el proceso «Matador«, que se enfrenta a 21 años de cárcel. Los otros tres imputados, Luis Vieira, Sergio Esteban y Edgar López de la Torre llegaron el miércoles a un acuerdo con la Fiscalía aceptando 14 años de prisión y evitando penas mayores. Mientas que su expareja, Cristina Orsi, está excluida por ahora tras el apuñalamiento que sufrió ayer, en el día de inicio del juicio, su abogado Fausto Suárez
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La demora del inicio se debió a la ausencia del abogado Prado del Río que, ya en sala, se disculpó. «Ayer llegué con media hora de antelación y el juicio se retrasó casi dos; aún así pido disculpas al tribunal», dijo el gallego en relación a la excepcional ausencia de Fausto Suárez, su colega apuñalado en su despacho de la avenida de Colón, en Oviedo. Su clienta, Cristina Oris Padula, será llamada para otro juicio.
[–>[–>[–>Un hecho que el propio Prado del Río ya reprochó en la jornada del miércoles, intentando cancelar el proceso: «Para que el juicio tenga garantías deben jugarse a los cinco a la vez», subrayó. Pero nada impidió que la causa siguiese adelante. A su representado se le atribuye un delito contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita, tras haberse intervenido en la nave de Siero no solo la droga, sino también armamento (incluidas armas de guerra) y una importante cantidad de munición.
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Hay que tener en cuenta que el inicio del juicio ya se suspendió en enero, cuando Fausto Suárez tuvo que asumir de pronto la defensa de Orsi como abogado de oficio y pidió tiempo para leerse un sumario que es extenso.
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[–>El arsenal incautado
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En torno al tema de las armas giró parte de la sesión de este jueves, en la que declararon diez de los doce testigos que estaban llamados (los dos restantes lo harán mañana). Uno de los policías que estuvo presente el día de la detención en Siero, explicó que las armas estaban en «una furgoneta blanca». En la instrucción quedó probado que «Matador» acudió al lugar en una autocaravana en la que, según el mismo testigo, solo había «dos sacas con cocaína» y «enseres personales».
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Otro de los policías, el que entregó en la comisaría de Canillas (Madrid) parte de los bultos incautados, aseguró que estos «estaban cerrados», por lo tanto, «desconocía su contenido», dejando en el aire la posibilidad de que hubiese armas. Momento en el que el abogado gallego le guiñó un ojo a su cliente. Además, varios de los testigos presentes en las múltiples vigilancias que se le había hecho a la red de narcotráfico, aseguraron que «nunca vieron a Matador hablando de droga».
[–>[–>[–>El juicio continuará mañana con varias declaraciones clave: las de varios agentes encubiertos internacionales que recibieron 1.340 paquetes de droga en un barco en aguas internacionales del Caribe, a unas 200 millas de Barbados. Todo ello en el marco de una operación internacional que fue la que dio lugar a que la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional iniciase las primeras detenciones tras recibir una solicitud de colaboración de la Fiscalía de Illinois dentro de una investigación conjunta con Homeland Security Investigations, la Policía Nacional de Colombia y la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO).
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En ese contexto, agentes infiltrados lograron introducirse en una organización con base en Colombia (presuntamente liderada por uno de los acusados) que planeaba introducir cerca de dos toneladas de cocaína en España. Parte de esa droga fue la que recepcionaron en el Caribe. A partir de ahí, la Fiscalía coordinó una entrega controlada de 600 kilos de cocaína en Siero, lo que permitió identificar y detener a los implicados cuando acudieron a recoger la mercancía.
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