Alemania y sus vecinos se abonan a la ‘línea dura’ para reducir la inmigración irregular
“Nuestros controles fronterizos no pueden ser permanentes. Funcionarán por un tiempo limitado. Pero deberemos mantenerlos mientras no haya una protección efectiva de las fronteras exteriores de la UE”. Con esta frase sintetizó el canciller alemán, Friedrich Merz, la estrategia de su Gobierno para «reducir» la inmigración irregular. Lo hizo en una abarrotada comparecencia ante los medios, la conferencia de prensa que suele brindar todo canciller antes del receso estival. En paralelo, su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, abordaba con sus homólogos de los países vecinos, más el eurocomisario de Inmigración Magnus Brunner, medidas para agilizar los procesos de asilo y gestionarlos fuera de las fronteras comunitarias. Unas horas antes, y pese a las críticas del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, partía de Alemania un vuelo con 81 afganos con condenas penales en dirección a Afganistán.
La cita de Dobrindt y los ministros de Polonia, Dinamarca, Austria, Chequia y Francia tuvo lugar en la Zugspitze, la montaña más alta de Alemania. El propósito del anfitrión era calmar el malestar provocado, especialmente en Polonia, por la implantación de controles en la frontera común, decidida por Berlín para practicar las devoluciones en caliente prometidas por Merz. Polonia ha respondido estableciendo sus propios controles, lo que además de obstaculizar el paso de mercancías y de personas ha asestado el siguiente golpe a la libre circulación en el espacio Schengen.
Del compromiso electoral al realismo en el poder
Merz, desde Berlín, insistía en la necesidad de buscar «soluciones europeas», mostraba su apoyo a los países con fronteras exteriores –«No dejaremos la protección de fronteras sólo en manos de los países directamente afectados», afirmó– y expresaba su comprensión por el blindaje polaco de su frontera con Bielorrusia. Es sabido, dijo, que Moscú y Minsk empujan inmigración irregular hacia la UE con fines desestabilizadores.
Luchar contra la inmigración irregular fue uno de los compromisos de Merz en la campaña electoral que le llevó al poder el pasado mayo. Entonces hablaba de «expulsiones masivas» y afeaba a su antecesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, no haberlas practicado con contundencia. Ahora pone el acento en la palabra «reducción» de esa inmigración irregular.
La estrategia de su coalición entre conservadores y socialdemócratas se concentra en rechazar en sus fronteras a los que tratan de ingresar en Alemania, motivo que le llevó a reinstaurar los controles que exasperan a Varsovia. No usa el término deportaciones o remigración, propios de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), aislada políticamente por el cordón sanitario que sigue vigente, aunque con tendencia a agrietarse.
Merz presenta como un éxito el aumento de las expulsiones y el descenso de la llegada de inmigración irregular. En el primer trimestre del año hubo 6.121 expulsiones y se perfila que siga esa tendencia alcista. En total en 2024 fueron expulsadas de Alemania 20.084 personas, en su mayoría georgianos, turcos o afganos. El número de migrantes rechazados en la frontera en 2024 fue de 45.000.
Expulsión de afganos vía Catar
Este viernes, coincidiendo con la comparecencia de Merz en Berlín o la cumbre bávara de Dobrindt, se produjo la primera expulsión de un grupo de afganos del actual Gobierno. Ya el año pasado se habían reanudado estas operaciones bajo la coalición de Scholz con verdes y liberales.
Son operativos muy complejos, que se consuman por mediación de Catar, ya que Alemania no tiene contactos a escala oficial con el régimen talibán. Se trata de personas condenadas por delitos graves –incluidas violaciones en grupo, en el caso de los afganos–, individuos radicalizados o vinculados con el terrorismo, y que han visto rechazada la petición de asilo. Cada uno percibe antes de abandonar el país 1.000 euros, teóricamente para garantizarles cierta cobertura de gastos. Desde ONG de ayuda al refugiado se alerta de que ese dinero desaparece de sus manos en cuanto llegan a Kabul.
“Las deportaciones a Afganistán tienen que ser posibles. Los criminales con delitos graves no tienen derecho a permanecer en nuesto país”, afirmó el ministro Dobrindt desde su cumbre bávara.
“Deben detenerse de inmediato las deportaciones de refugiados y peticionarios de asilo afganos. En su país están amenazados de sufrir persecución, cárcel o tortura”, afirmó Türk en un comunicado emitido por su departamento de la ONU.
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