Hay un agujero negro en la Guardia Civil. Lo meritorio es lo que son sus máximos dirigentes, que son quienes tienen la capacidad y el poder de dirigir la acción de sus subordinados al ser un organismo militarizado. Sus posiciones políticas, pero también sus posiciones militares y operativas.

Intente mirar el problema del que voy a hablar sin ojos partidistas. Sin pensar en PP y PSOE, ni en quién gobierna, ni a quién les cae mal, sin buscar quién de los nombres que van a salir nombra a tal o cual partido ni a qué bando sirven. Porque Lo que pasa dentro de la Guardia Civil es una guerra de facciones en el que lo último que importa es el bien común o promover una sociedad sana, libre y basada en el derecho que proteja los intereses de todos los ciudadanos sin mirar a qué trinchera sirve. Voy a contarte algunos datos y evaluar si te parece normal.

Estos días vamos a presenciar un momento de confusión y los invito a tomar distancia con perspectiva respecto a algunos testimonios que aparecen en El sumario del caso Leire Díez que se está interpretando de forma torcida para ignorar su gravedad y centrarse únicamente en afectar al legislativo. Algunos titulares han interpretado un testimonio de un Guardia Civil que Interior había ordenado detener investigaciones que afectan al Gobierno. Eso no es lo que dice el resumen, aunque lo que dice el resumen es sumamente grave.

En los testimonios no se dice en ningún momento que se les ordenara no investigar y mucho menos que Interior lo hiciera. El ex director general de la Guardia Civil, Leopoldo Marcos, centra las conclusiones que aportados en los informes del caso relativo al hermano de Pedro Sánchez.

Lo que dice exactamente y se refleja en los testimonios es que el alto funcionario les dice que no sean proactivos y que se pongan de perfil, dejando que la autoridad judicial tome la iniciativa porque la credibilidad de la UCO estaba hecha jirones porque los informes en el caso del hermano del presidente eran «prospectivo y malintencionados». No te detengas en una parte y piensa en todo lo que esto significa.

Tenemos al máximo jefe de la Guardia Civil que dice que el informe de la UCO, de sus hombres, es prospectivo y malicioso en un caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno. Esto, de ser cierto, sería extremadamente grave. El testigo dice que hacen lo que tienen que hacer y se van sin vacaciones si es necesario analizando los correos electrónicos incluidos en el caso pero que en ese caso no hay nada y tienen que decir que no hay nada. El problema aquí no es que él dio esa orden, el problema es que dio esa orden si las pruebas demuestran que hay algo y les dice que tienen que decir que no hay nada. Lo que importa es quién tiene razón, si la UCO o su alto mando.

Lo que importa es si el informe es prospectivo y malicioso, convirtiendo a la UCO en un agente político que no busca la verdad sino que reprime con mentiras o, por el contrario, su trabajo es impecable y el exDAO ha dado una orden política para falsificar un informe y salvar a un culpable. Lo que importa es quién está haciendo bien su trabajo, no lo que dijeron. Lo que es seguro es que Alguien de la Guardia Civil huele fatal aunque todavía no sabemos quién es.

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, se habría reunido hasta en tres ocasiones con Leire Díaz para impulsar expedientes internos contra miembros de la Guardia Civil, que según el fontanero estarían actuando contra el Gobierno, el PSOE y esa supuesta asociación de víctimas de la corrupción en la que figura el empresario Pérez Dolset.

La propia Leire dice en las reuniones que mantiene con otros miembros de la trama que El director de la Guardia Civil está asustado por la mierda que hay en los dignos y no tiene idea de cómo lidiar con eso. Así que se une a Leire Díez para ver si es capaz de afrontar el problema que cree que afronta la corrupción policial dentro del cuerpo. El Ministerio del Interior siempre negó que esas reuniones se produjeran, pero ahora lo que dice es que sí se han producido. El cambio de versión es que esas reuniones sí existieron pero no se produjeron en las instalaciones de la Guardia Civil.

En episodios pasados ​​de la trama, de amigos y enemigos, aparece en el interior del cuerpo Juan Vicente Bonilla, quien cuando ocupaba el cargo de jefe de fuentes de la UCO, utilizó información obtenida por su cargo y responsabilidad que un confidente colocara a su expareja en una empresa que estaba siendo investigada y que llamaba MP Trading y que sabía estaba realizando actividades ilícitas sin importarle demasiado. Un miembro de la Guardia Civil que, en conversaciones filtradas, hablaba de la necesidad de acabar con el Gobierno rojiblanco.

El integrante de la benemérita organización sirvió como intermediario entre varias personas involucradas en la trama de los hidrocarburos y les proporcionó información de bases de datos confidenciales sobre direcciones y antecedentes. Este personaje acabó firmado por la Comunidad de Madrid. Sin establecer correlación, porque seguramente todo sea casualidad, Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, fue quien presentó la denuncia contra Soluciones de Gestión, que estaba siendo investigada por la UCO. coincidiendo con que Bonilla tenía un amigo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid donde acabó con un salario de más de 80.000 euros al año. Algo huele a podrido en la benemérita.

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