Así lo han afirmado hoy responsables de sociedad en una rueda de prensa en la que han desatado toda su artillería contra la ministra, a la que han exigido una rectificación pública por un «abuso legal»denunció el portavoz jurídico de la firma, Carlos Sánchez.

Para explicar el caso hay que empezar por las supuestas «prácticas abusivas» de Seguro Rental, que se podrían resumir en la imposición a sus clientes de una serie de beneficios que no quieren, como un seguro y -sobre todo- un servicio de atención al cliente (el llamado SAI) sobre el que el inquilino no tendría derecho a desistir y que cubriría gastos que según la Ley de Vivienda de 2023 deben ser gratuitos; en concreto, gestión inmobiliaria y formalización del contrato.

Ante ello, la compañía ha presentado esta mañana cuatro sentencias a su favor «por los mismos conceptos» que ahora son objeto de sanción -denunció Antonio Carroza, el presidente de Seguro Rental-, además de una retahíla de pruebas que el Ministerio no habría querido admitir. El quid de la cuestión es que la empresa niega ser una inmobiliaria -contrariamente a la opinión del Gobierno- y que el SAI es una artimaña para cobrar por la gestión del arrendamiento, extremo prohibido por la Ley de Vivienda de 2023. Según Seguros de Alquiler, ofrecen servicios voluntarios como mudanzas, incidencias -por ejemplo, incendios-, ventajas y descuentos en plataformas de streaming, asesoramiento jurídico, seguros, suministros y, lo más importante, protección ante impagos.

Para reforzar esta tesis, el responsable jurídico de la firma ha recordado que en 2024 gestionaron más de 42.000 incidencias que la mayoría de inmobiliarias no cubren, o que el SAI está vigente desde 2010 y, por tanto, no puede ser un subterfugio para eludir la Ley de Vivienda de 2023. Además, Sánchez ha recordado que desde ese año, Hasta 267 inquilinos han rechazado estos beneficios (sobre un total de más de 26.000 clientes). Y en materia de seguros, más de lo mismo. El Seguro de Alquiler rechaza que sea obligatorio, ya que 4.000 de sus 26.730 inmuebles gestionados no lo tienen.

Dicen que el Consumo violó la Constitución

Como ya se ha adelantado, lo más grave de todo lo dicho hoy en la rueda de prensa no se refiere a las supuestas «prácticas abusivas» en sí sino al procedimiento administrativo, ya que Seguro Rental afirma que todo el caso se construyó a partir de denuncias que «ni siquiera se puede comprobar» si corresponden a clientes de la compañía ya que el Gobierno no ha facilitado esa información. se unen a esto Cuatro denuncias en la web de la OCUuno de los cuales tampoco correspondía a un cliente, afirman.

Y a ello se suma la supuesta «llamada encubierta» -ha afirmado Sánchez- a un comercial de Alquiler Seguro por parte de un instructor que se hizo pasar por un potencial inquilino bajo una identidad falsa, un hecho que según la empresa vulnera el artículo 24 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva- y choca con sentencias anteriores del Tribunal Supremo. Además, y según la empresa, en esa conversación el agente «intentó inducir una respuesta predeterminada que respaldara su tesis» y que luego fue incorporado al expediente, omitiendo declaraciones contextuales que no se ajustaban a lo que pretendía el equipo de Bustinduy.