La Administración Trump insiste en que sus aranceles se mantendrán, de una forma u otra, pese a los varapalos legales. Aunque Trump ha prometido recurrir hasta el Tribunal Supremo si es necesario, el mensaje de sus principales asesores este viernees ha sido que no se le negará al presidente su impulso arancelario y que, si es necesario, simplemente recurrirá a otras autoridades que no impongan vetos. «No hay un plan B. Es el plan A», dijo el jueves a los periodistas Peter Navarro, uno de los asesores comerciales más beligerantes de Trump. «El plan A abarca todas las opciones estratégicas». Entre las posibles alternativas se encuentran las facultades de las secciones 232 y 301, que Trump ha utilizado anteriormente, o las facultades previstas en la sección 122, que son considerablemente más restringidas. También podría solicitar la aprobación del Congreso, aunque esa opción sería laboriosa y consumiría un tiempo valioso en el Senado, que prioriza otros asuntos como los nombramientos judiciales y la tramitación de la reforma fiscal. La sección 122 permitiría al presidente imponer aranceles del 15%, superiores a la tasa del 10% suspendida, pero muy por debajo de las tasas de hasta el 50% que Trump anunció inicialmente, y solo por un máximo de 150 días.