Arranca en Cuba el juicio por espionaje contra Alejandro Gil, ministro de Economía entre 2018 y 2024 y autor de la desastrosa reforma monetaria
Una regla ha regido la vida política de Cuba desde 1959: todo dirigente que asciende, tarde o temprano cae. La ley de la gravedad se aplicó a rajatabla salvo a Fidel y Raúl Castro a lo largo de la historia. Hubo casos estremecedores como los de Carlos Aldana y Roberto Robaina, quienes se perfilaban como tempranos herederos de los hermanos, el general Arnaldo Ochoa, héroe nacional y luego fusilado, en 1989, o, en los últimos años, Felipe Pérez Roque y Carlos Lage, destituidos por supuestamente mofarse en privado de Raúl. Alejandro Miguel Gil Fernández, exviceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, examigo del presidente Miguel Díaz Canel, exintegrante del Comité Central del Partido Comunista (PCC), es la última prueba de este código no escrito pero siempre latente en la isla: este martes comenzó el juicio oral en su contra por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
[–>[–>[–>«Total apego a las normas en el proceso penal en curso», tituló Granma, el órgano del PCC. «Efectivamente, el espionaje es un delito extremadamente grave, porque atenta directamente contra la seguridad nacional. Todos los Estados siempre han perseguido este ilícito», dijo a ese diario un indignado doctor en Ciencias Jurídicas Arnel Medina Cuenca.
[–> [–>[–>En las comunicaciones entre teléfonos inteligentes, el único foro posible en un país donde la prensa oficial habla siempre bien sobre sí misma, se sostiene que Gil Fernández es apenas el chivo expiatorio de un enorme fracaso económico: el reordenamiento monetario, como se llamó el intento de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba. «Además del esclarecimiento sobre los otros acusados, cuyos nombres aún no han sido divulgados, persisten interrogantes legítimos sobre cómo fue posible que una persona en un cargo subordinado directamente al presidente y al primer ministro incurriera en conductas de esa magnitud sin que las estructuras de control lo detectaran», sostuvo el portal La Joven Cuba. «El desafío, por tanto, no se limita a sancionar individuos, sino a examinar las fallas institucionales que lo hicieron posible».
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La sensación de que el ritual expurgatorio vuelve a ponerse en escena es compartida por buena parte de una sociedad descreída. En las redes sociales no dejan de circular fotografías tomadas con un teléfono por un ciudadano de a pie que muestran a una figura pública o un integrante de su familia en un hotel lujoso, o en un viaje de placer o en situaciones festivas que no disfrutan las mayorías. Uno de ellos es el influencer Sandro Castro, nieto del extinto comandante en jefe quien en Instagram se apoda «vampirash», posee un bar, es un gran consumidor de cerveza y en uno de sus videos confesó que «tiene más ganas de beber que de vivir».
[–>[–>[–>La petición del acusado y su hija
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Laura María Gil González, hija del exministro, hizo saber a través de Facebook la posición de su padre: «se mantiene firme en su defensa y no reconocerá bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le imputa y que no se le sea debidamente verificado, y como confío en que el pueblo cubano será partícipe de este juicio, su alegato de defensa será correctamente comunicado y la verdad triunfará». Ella dijo sumarse «a la solicitud popular de hacerle un juicio a puertas abiertas, dónde participe todo el que desee, y sea televisado en vivo por la televisión cubana, con la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales, y que a su vez pueda ser televisado en vivo por cadenas televisivas extranjeras que estén presentes».
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El juicio tiene lugar en medio de un contexto calamitoso marcado por las destrucciones ocasionadas por el huracán Melissa y una crisis económica que no cesa. El PIB cubano se contrajo 1,9 y 1,1 puntos en 2023 y 2024, respectivamente y apenas proyecta para este año un crecimiento del 1% por la recuperación parcial del turismo. La inflación interanual es del 15%, según cifras oficiales. Con los apagones como trasfondo oscuro permanentes, los cubanos afrontan una pobreza sin precedentes. Los efectos de la pandemia y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses desde la primera Administración de Donald Trump (2017-2021) agravaron la situación, pero todo empeoró por las fallidas políticas económicas y monetarias que tuvieron a Gil Fernández a la cabeza. El Gobierno cubano ha prometido corregir «las distorsiones» que ahogan a la mayor de las Antillas.
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[–>Ese compromiso, una vez más, se encamina a un nuevo desarreglo. La moneda nacional se ha depreciado casi 20 veces frente al dólar desde 2019. En su nuevo programa, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vásquez, reconoce que Cuba no cuenta en «el escenario macroeconómico, productivo e institucional actual con condiciones para avanzar a corto plazo hacia un esquema cambiario unificado». Se propone además «implementar un nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas para todos los actores económicos» y «avanzar en la dolarización parcial dentro de los límites aprobados». Reconoce «la conexión entre la inflación, el déficit fiscal y la emisión monetaria» y «entiende» que para «reducir la inflación es necesario disminuir el déficit fiscal y su monetización». El texto parece mirarse en el espejo del ultraderechista Javier Milei, supuestamente en las antípodas ideológicas. Se espera un mayor coste social porque el ajuste volverá a recaer sobre las espaldas de familias que no reciben remesas desde el exterior.
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