así prohibió que los miembros del Ejecutivo recibieran regalos
el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó a La Moncloa prometiendo regeneración democrática y ejemplaridad pública. En 2005, su Gobierno aprobó la Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo, un conjunto de normas éticas que, entre otras cuestiones, Prohibido aceptar obsequios que puedan comprometer la independencia de los funcionarios públicos. y exigía una declaración exhaustiva de bienes personales.
La transparencia de los altos cargos fue uno de los anzuelos de Zapatero para ganar las elecciones de 2004. Ya como presidente, en 2005, el Gobierno socialista aprobó este código apoyando «toda transparencia y toda eficiencia».
Este código ético, que no se convirtió en ley, fue cuestionado por la oposición. Por su parte, Mariano Rajoy preguntó al socialista: «tu cumpliras ¿el anuncio del Código de Buen Gobierno?»
A lo que Zapatero respondió contundentemente: «Este gobierno practicar el buen gobiernoel Código de Buen Gobierno y además es un Gobierno responsable y serio».
Hasta hace poco, el expresidente mantuvo su discurso transparencia y humildad. En un Congreso del PSOE de 2021 explicó que «ser socialista significa tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho».
Dos décadas después, esa bandera de transparencia vuelve a estar en el centro del debate por las 103 joyas incautadas al ex presidente. Desde que se conoció la existencia de las piezas, el entorno del exdirigente ha tratado de rebajar su valor y relevancia.
El asesor durante su Gobierno, Luis Arroyo, rechazó las tasaciones publicadas en los medios y defendió que se estaban utilizando cifras desorbitadas: «Se hablan de millones de euros«dijo Arroyo, quien comparó las joyas con una reliquia familiar y llegó a decir irónicamente que algunos las presentaron como «las joyas de Sisí Emperatriz».
El propio entorno de Zapatero sostuvo que las piezas eran heredado de la familia y que algunos habían sido regalados. Según esta versión, el valor real estaría muy alejado de las cantidades que manejaban los especialistas: «Entre 30.000 y 50.000 euros», estimó Arroyo, insistiendo también en que «no se pueden valorar joyas con unas fotos en una bolsa de plástico y con precinto de la Policía».
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