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Ayuso cree que «no es legal» aplicar la «prioridad nacional» para dar ayudas tras conocer el pacto PP-Vox en Extremadura

Ayuso cree que «no es legal» aplicar la «prioridad nacional» para dar ayudas tras conocer el pacto PP-Vox en Extremadura
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  • Publishedabril 18, 2026


las llaves

Generado con IA

Isabel Díaz Ayuso cuestiona la legalidad de aplicar la «prioridad nacional» en las ayudas públicas, tal y como recoge el pacto PP-Vox en Extremadura.

Ayuso advierte de que este criterio podría excluir a personas con derechos reconocidos y vulnerar el marco normativo vigente.

El acuerdo PP-Vox en Extremadura prioriza a quienes puedan acreditar el arraigo en el territorio para acceder a ayudas, vivienda y prestaciones públicas.

El Gobierno central ha anunciado que recurrirá cualquier medida que discrimine y ha calificado el pacto de «racista» y contrario a la legalidad.

Ayuso ha puesto en duda la legalidad del pacto entre su propio partido y Vox en Extremadura al cuestionar la ajuste legal del concepto de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas.

La presidenta madrileña ha advertido que este criterio podría violar la ley al excluir a personas con derechos reconocidos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó este viernes uno de los puntos clave de la Acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que hará posible la investidura de María Guardiola como presidenta y ha avisado de que el principio de «prioridad nacional» «no es legal».

Desde Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, la dirigente madrileña ha defendido que este tipo de requisitos vulneran el marco regulatorio actual.

«Creo en la ley y el orden. y, por lo tanto, creo que no se puede ilegalmente dejar a nadie fuera de los requisitos a los que tiene derecho», afirmó ante los medios.

Ayuso ha ido más allá al señalar que «muchos de estos requisitos no son legales» y ha confiado en que «el tiempo pondrá cada cosa en su sitio».

En este sentido, destacó que nadie puede ser excluido de un sistema al que ha contribuido, poniendo como ejemplo el acceso a la salud: «Nadie puede quedar fuera de un sistema en el que ha contribuidocomo también nos lo han pedido en Madrid».

Pese a estas críticas, la presidenta madrileña ha querido felicitar a María Guardiola por el acuerdo alcanzado con Vox tras meses de negociación. «Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra», ha señalado, marcando así cercanía con la dirigente popular pero distancia respecto al contenido del pacto.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura incluye la introducción del criterio de «prioridad nacional» para el acceso a ayudas, vivienda y prestaciones públicas, lo que implicaría primar a quienes acrediten un arraigo en el territorio frente a la población inmigrante.

Además, contempla limitar determinadas prestaciones sociales a personas en situación irregular, restringiéndolas a supuestos de urgencia.

Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, ha defendido el pacto como un «hito histórico» y ha asegurado que la inclusión de este principio marca el camino de futuras negociaciones con el Partido Popular.

A su juicio, la «prioridad nacional» será un eje estratégico en otros territorios donde ambas formaciones negocian gobiernos, como Aragón o Castilla y León.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha advertido este viernes a Ayuso de que su formación también exigirá al PP aplicar medidas de «prioridad nacional» en 2027, dando por hecho que ambos partidos tendrán que pactar tras las elecciones autonómicas para conformar el Gobierno regional.

«Te guste o no. Tápalo con titulares o escóndete detrás de leyes que habéis redactado junto al PSOE. Pero no vas a frenar el sentido común. 2027. Tic, tac», ha manifestado Moñino en su perfil de X

Gobierno Sánchez

Ante ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado con dureza y ha advertido que recurrirá cualquier medida que vulnere derechos fundamentales.

El propio presidente ha garantizado que el Ejecutivo actuará «con toda la fuerza del Estado de derecho» si del acuerdo resultan normas contrarias a la ley.

En la misma línea, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha avanzado que el Gobierno llevará cualquier disposición «discriminatoria y contraria a derecho» al Tribunal Constitucional, mientras que otros miembros del Ejecutivo han calificado El pacto «racista» y han acusado al PP de asumir los postulados de Vox en materia de inmigración.

El pacto de Extremadura, que permitirá la investidura de Guardiola, Continúa bajo un intenso escrutinio político y jurídico, especialmente en todo lo relacionado con el acceso a los servicios públicos, la vivienda y las prestaciones sociales.





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