Este jueves, el juez autorizó a la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a acceder a las cuentas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La aprobación de esta medida se ha producido un año después de que se iniciara la causa por corrupción empresarial contra Alberto González Amador. También seis meses después de que la Guardia Civil lo solicitara.

Ahora, la cuestión es saber qué opinan de esta novedad en la Puerta del Sol. laSexta se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, pero sólo han dado este mensaje como respuesta: no van a valorar esta información, ya que, consideran, no es un asunto que sea competencia de la Comunidad.»

No siempre fue así. Hubo más de un momento en el que desde la Comunidad de Madrid, donde Ayuso es la presidenta, se habló de los problemas de González Amador con la justicia. Incluso hemos visto a Isabel Díaz Ayuso defender a su novio en actos oficiales. Pero ahora prefieren guardar silencio.

Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido una fiel defensora de González Amador. Ya en 2025 aseguró: “Aquí, hasta ahora, lo único que ha habido es una violación absoluta de su anonimato”.

Su argumento se produjo porque todo correspondía a una campaña en su contra lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Si no hubiera sido mi socio, esto ni siquiera hubiera sido algo que le hubiera pasado a Hacienda», sostuvo Ayuso.

Y por ello, se ha quejado públicamente en varias ocasiones. «Ese que señalas todos los días, sin siquiera respetar la presunción de inocencia», dijo en abril de 2024.

Para la presidenta madrileña, todo este caso tiene un culpable. «Este es un caso de persecución política que organiza la Moncloa con las instituciones del Estado». Aunque, al mismo tiempo, le ha quitado el peso a los problemas de su socio, diciendo, por ejemplo, que sólo se enfrentaba a «una posible multa de Hacienda». Resulta que no es una multa, es un fraude fiscal.

Incluso ha llegado a decir que le debían dinero a González Amador. Así se pronunció en marzo de 2024: «Hay un caso turbio que involucra a todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular, al que se le deben casi 600.000 euros».

Eso sí, según Ayuso, la Comunidad de Madrid siempre ha estado al margen y, como ella misma dice, «el tiempo pondrá cada cosa en su sitio».

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