Legislar la realidad para esconderla debajo de la alfombra se ha convertido en una práctica habitual de este Gobierno. No me digan cómo lo hace pero se trata de una especialidad al alcance de pocos. La penúltima pirueta —cuando la estrategia se repite tanto conviene hablar de penúltima en vez de última— consiste en congelar en el Congreso la ley destinada a impedir el desvío de fondos europeos, para supuestamente escapar del control presupuestario. Otra cosa distinta no puede ser. Lo que nació como una excepción razonable en mitad de la pandemia —cuando Bruselas aflojaba los corsés para evitar el colapso económico— ha degenerado en una costumbre opaca, una especie de barra libre administrativa donde la fiscalización molesta y la transparencia se considera una antigualla liberal. Aunque la excusa sanitaria concluyó hace tiempo, permanece el mal gusto por gobernar sin luz ni taquígrafos. En el fondo, controlar el destino de miles de millones exige incómodas rendiciones de cuentas, informes, supervisión y hasta comparecencias. Mucho papeleo para quienes han hecho del decreto, la excepcionalidad y el atajo su verdadera forma de gobernar.