La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrió la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que su caso sería juzgado en los tribunales. jurado popularconsiderando que es una resolución “contraria a derecho” y que se basa en “conjeturas” y “olvidos”.

El recurso, al que tuvo acceso Antena 3 Noticias, sostiene que el auto del magistrado falta de evidencia suficiente justifica la apertura de un procedimiento de jurado popular y denuncia que la investigación sigue viva «aunque no hay evidencia que lo respalde».

El escrito, presentado por su abogado, antonio camachoNiega que existan indicios de criminalidad en el cinco cargos (tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusión, malversación y malversación) y pone en duda la coherencia jurídica del auto. La defensa va más allá y afirma que la investigación gira en realidad en torno al estado personal de Begoña: «La única conclusión» es que está bajo investigación «por ser la esposa del presidente del Gobierno».

Críticas por falta de pruebas

El recurso detalla uno a uno los delitos imputados para rechazar su fundamento. En el caso de tráfico de influenciasSostiene que no hay evidencia de que Gómez obtuviera alguna ventaja financiera o ejerciera presión sobre funcionarios públicos.

También rechaza la delito de traspasodestacando que la firma de los documentos por parte de Gómez se realizó a petición de la propia Universidad Complutense y de acuerdo con la normativa interna, extremo sustentado en testimonios incorporados al expediente.

En cuanto a la supuesta apropiación indebida de marcala demanda sostiene que no existió tal apropiación ni que este tipo de delito sería aplicable a derechos intangibles como marcas o dominios web.

Sobre el crimen de malversación de fondos públicosdedica un apartado específico afirmando que No hay indicios de malversación de fondos públicos ni el desvío de recursos para beneficio personal.

En cuanto a la corrupción en los negociosLa defensa argumenta que la financiación de la cátedra universitaria en cuestión es una práctica habitual y que, en cualquier caso, los fondos estaban destinados a una universidad pública, lo que dificultaría su integración en este delito.

“Juicio paralelo” y derecho a un juez imparcial

Uno de los argumentos centrales del recurso es el rechazo del caso juzgado por un jurado popular, por ser un tema “muy publicitado y abierto sin reservas a la opinión pública”. La defensa advierte que esta circunstancia podría comprometer el derecho a un juez imparcial por el impacto de lo que califica como un “juicio paralelo” ya establecido en el debate público.

Además, critica la falta de motivación del juez para optar por este procedimientoRecordando que la ley exige una justificación reforzada de la elección del foro por parte del jurado, especialmente cuando afecta a derechos fundamentales. El recurso solicita la cancelación del coche quien acordó combinar las investigaciones en un solo caso, abrir el camino al jurado popular y citar a los interesados ​​a declarar el próximo 1 de abril.

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