España se enfrenta a un nuevo revés judicial en el interminable conflicto abierto por los recortes retroactivos a las energías renovables. La justicia belga ha ordenado la incautación de 482,4 millones de euros vinculados a los pagos de Eurocontrol al proveedor estatal español de navegación aérea, Enaire, como mecanismo para garantizar el cobro de las indemnizaciones pendientes de los inversores afectados.

La medida responde a las acciones emprendidas por Fondo Operaun fondo que en 2019 obtuvo un fallo favorable del CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. El caso se basa en el Tratado sobre la Carta de la Energía, que España incumplió al recortar retroactivamente las primas de las energías renovables.

A pesar de contar con un fallo firme, El Gobierno español no ha abonado los 29,3 millones de euros reconocidosuna cifra a la que se suman 7,5 millones de intereses. Ante esta negativa, los acreedores han acudido a distintas jurisdicciones para asegurar el pago por medios alternativos.

Bloqueados los pagos de Eurocontrol a Enaire

El embargo autorizado por la justicia belga afecta a los fondos que Eurocontrol transferidos periódicamente al operador estatal español Enair. Dado que la entidad tiene su sede y sus cuentas bajo jurisdicción belga, el tribunal consideró que esta vía era válida para garantizar la ejecución.

Como resultado, quedan congelados 482,4 millones de euros, pendientes de un eventual recurso y susceptibles de utilizarse para compensar a los acreedores. No es el primer golpe de este tipo. En julio de 2025, La japonesa Eurus Energy -filial del grupo Toyota- también obtuvo un embargo en Bélgica por más de 207 millonestras acreditar una deuda de 106,2 millones, más 9,4 millones adicionales en intereses.

Una deuda que no deja de crecer

El conflicto internacional por los impagos de las energías renovables continúa escalando. A diciembre de 2025, los 27 inversores afectados acumulan 1.754,7 millones pendientes de pagomás 297,6 millones en intereses de demora y otros 238,7 millones en costas y honorarios judiciales. En total, la factura asciende ya a 2.292 millones, incrementándose más de 100.000 euros diarios por concepto de intereses.

Las victorias judiciales se suceden en cadena en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgicalo que confirma la solidez jurídica de las reclamaciones. La negativa del Ejecutivo español a cumplir los laudos está generando un sobrecoste multimillonario para el erario público. Además, el deterioro de la seguridad jurídica se refleja en la inversión extranjera: entre enero y septiembre de 2025, España registró un descenso del 28%, el peor dato desde 2021.

Condenas en Estados Unidos y Australia

Durante el segundo semestre de 2025, los tribunales de EE.UU registró y reconoció los premios de Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed, por un importe conjunto de 691,2 millones de euros. Con ello, los acreedores pueden activar mecanismos para embargar bienes del Estado español en territorio estadounidense. Como medida de último recurso, El Ejecutivo ha acudido al Tribunal Supremo, pidiendo amparo.

Paralelamente, Australia también falló decisivamente a favor de los demandantes. En 2025, el Tribunal Federal ordenó la ejecución de cuatro laudos (RREEF, 9REN, Watkins y NextEra) por un total de 469 millones. La sentencia rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y, además, impuso costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea.

Los inversores insisten en su voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno español para cerrar más de una década de litigios, pero también aclaran que, mientras no se paguen las indemnizaciones debidas, seguirán persiguiendo nuevos embargos que traerán nuevos costes para España.