Berkeley, la empresa que intentó abrir una mina de uranio en Salamanca cuyo proyecto finalmente fue derribado por el Ministerio de Transición Ecológica, ha precisado cuanto dinero le exiges al reino de españa en el proceso arbitral que decidió llevar a nuestro país. En una nota remitida a la CNMV, la minera anuncia que su escrito de demanda presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) eleva la «compensación» a 1.250 millones de dólares que reclama al Ejecutivo español (su estimación anterior era de 1.000 millones).

La empresa indica que decidió emprender este proceso de arbitraje ante el «múltiples violaciones» del llamado Tratado sobre la Carta de la Energía. El documento, que concreta la cifra que reclama a España, incluye «un resumen detallado de las bases jurídicas de su reclamación contra España», un resumen del conflicto entre la empresa y el Gobierno, «mensajes de testigos clave» e informes «de diferentes expertos independientes sobre aspectos técnicos y regulatorios y sobre los daños» para la empresa.

Según Berkeley, España tiene «hasta julio de 2026 para responder». Y afirma que «independientemente de este litigio», sigue «comprometida» con el proyecto en el municipio salmantino de Retortillo y abierta, dice, a un «diálogo constructivo con España». Está dispuesta, añade, «a colaborar con las autoridades para lograr una solución amistosa» y espera que las negociaciones puedan tener lugar pronto.

El proyecto para abrir una mina de uranio en Salamanca y una planta de procesamiento Fue rechazada en 2021 por el Ministerio de Transición Ecológica tras un informe contra el Consejo de Seguridad Nuclear. La empresa sostiene que desde que pusieron la mira en España han obtenido más de 120 permisos y fuentes de la empresa indicaron en su momento que todo salió mal con la llegada del PSOE al poder.

El CSN alegó en su informe que existían «elevadas incertidumbres» en torno a «aspectos geotérmicos e hidrogeológicos» vinculados a la mina mientras que la empresa afirma que se le negó la opción de seguir mejorando el proyecto. Ese mismo año, El Gobierno aprobó la Ley de Cambio Climático que prohíbe expresamente la explotación e investigación de recursos de uranio y la ampliación de concesiones existentes, algo que no afectó al proyecto de Berkeley al estar ya en marcha pero dejó clara la postura del Ejecutivo español respecto a este recurso.

Aunque en el transcurso del debate nuclear en torno al apagón del Gobierno se dijo que España no tenía uranio, lo cierto es que las reservas sí existen y fueron explotadas en el pasado: la provincia de Salamanca ya acogió en el pasado una mina de uranio, la de Saelices El Chico, explotada por la empresa pública ENUSA.

La mina cerró en 2000 debido a la baja rentabilidad debido a la caída del precio del uranio después En los años 80, España se convirtió en el segundo productor europeo..