La política de deportación impulsada por el Ministro del Interior, Alejandro Dobrindtha llevado a Alemania a reforzar los contactos con un régimen que todavía no reconoce oficialmente. Berlín se prepara ahora para autorizar la llegada de hasta cuatro nuevos funcionarios consulares propuestos por los talibanes para facilitar la identificación de los ciudadanos afganos y la emisión de los documentos necesarios para llevar a cabo las expulsiones.

El objetivo del Ejecutivo Friedrich Merz es aumentar el retorno de delincuentes y personas consideradas peligrosasaunque la medida implica al mismo tiempo profundizar en una incómoda cooperación con el poder establecido en Kabul. Mientras Dobrindt presiona para endurecer los retornos, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó este martes que los representantes designados por los talibanes serán examinados previamente antes de recibir los visados.

Según Berlín, la presencia de más personal consular es fundamental para agilizar procedimientos que hasta ahora dependían en gran medida de la colaboración de las autoridades talibanes. El Ministro del Interior anunció recientemente que Alemania tiene intención de organizar hasta tres vuelos chárter mensuales con destino a Afganistán, además de expulsiones individuales mediante vuelos comerciales.

Las conversaciones llevan semanas

Las conversaciones entre los representantes alemanes y las autoridades afganas de facto se desarrollaron discretamente en las últimas semanas y permitieron desbloquear una relación que se había deteriorado por la falta de colaboración de Kabul. El objetivo del Gobierno es establecer ahora un mecanismo permanente para expulsar a las personas consideradas una amenaza a la seguridad. «Quien abusa de nuestra protección y comete delitos graves debe buscar su futuro en su país de origen», declaró Dobrindt tras el último vuelo, en el que 32 ciudadanos afganos condenados fueron deportados, entre otros delitos, por homicidio, violación o tráfico de drogas. El enfoque alemán ilustra las contradicciones de la política europea hacia Afganistán.

Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, Alemania cerró su embajada en Kabul y se sumó a la política de no reconocimiento del régimen islamista. Sin embargo, la necesidad de llevar a cabo expulsiones les ha obligado a mantener contactos cada vez más directos con sus representantes e incluso ha llevado a que dos enviados vinculados al régimen ya ejerzan funciones consulares en Berlín y Bonn, número que ahora podría ascender a seis.

La decisión de Berlín refuerza así la línea que empieza a imponerse en varias capitales europeas de buscar fórmulas que garanticen las deportaciones de afganos con orden de expulsión. Alemania, que durante años recurrió a intermediarios como Qatar para organizar los primeros retornos, da ahora un paso más directo en una relación que incomoda a Berlín, pero que considera necesaria para llevar a cabo su nueva política de expulsión.