Estados Unidos ha informado una vez más a la estrategia del gobierno español que esquive el pago de la compensación multimillonaria derivada de AX a las energías renovables. Juez Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, ha rechazado los últimos intentos de España Para detener la ejecución de una adjudicación del Centro Internacional de Acuerdo de Investment Relative (CIADI), que las fuerzas a pagar 77 millones de euros más intereses y costos para desgarrar inversiones renovables, heredera del reclamo iniciado por Luxemburgo e inversores holandeses.

La decisión enfatiza, una vez más, el Estado de España como deudor contumaz en el litigio de las energías renovables. El tribunal estadounidense aplica la Convención de Ciadi, que obliga a los países firmantes a reconocer y ejecutar los premios «como si fueran un juicio firme de un tribunal estatal». Según el juez, su papel es el de un «tribunal de ejecución, no revisión», por lo que no puede ingresar para valorar los argumentos fundamentales de España. Es suficiente verificar que el premio sea auténtico, que Ciadi lo considera vinculante y que existe jurisdicción en virtud de la ley estadounidense.

El magistrado enfatizó que la legislación estadounidense requiere otorgar «plena fe y crédito» a los premios Ciadi, que protege el derecho de los inversores a ser recaudados. Esta obligación deja a los jueces estadounidenses sin margen para reexaminar la validez del arbitraje o la jurisdicción de la Corte Internacional.

Ley comunitaria

España afirmó que No hubo un acuerdo de arbitraje válidoProtestando en la doctrina europea que prohíbe los arbitrajes intra -OO, y que el pago violaría la ley comunitaria en ayuda estatal. El juez Howell fue contundente: los tribunales de los Estados Unidos no pueden reabrir el debate sobre la jurisdicción de Ciadi o revisar al miembro del premio. Además, recordó que el comité de anulación de Ciadi ya había confirmado la validez de la condena.

La defensa española también invocó la llamada Doctrina de compulsión Soberano, que permitiría a un tribunal estadounidense abstenerse de ejecutar una decisión que obliga a un estado a violar su propia orden. Pero el juez rechazó este argumento: la obligación de cumplir la Convención de Ciadi está por encima de las consideraciones de deferencia hacia la Unión Europea.

La sentencia también cita la reciente doctrina del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en el caso Nextera, que ya había aclarado que el Tratado de la Carta de Energía constituye un acuerdo de arbitraje válido incluso para disputas dentro de la UE. Esta decisión eliminó las principales defensas de España, incluida la inmunidad soberana y la excepción del foro no conveniente.

Este fallo se suma a una larga lista de victorias de inversores en los recortes de EE. UU. Y Europa, consolidando una cascada de premios que exponen España para pagar miles de millones de euros. Cada derrota judicial refuerza la imagen de un país que rompe sus compromisos con los inversoresMina la certeza legal y transfiere la factura de su política energética a los contribuyentes. La deuda total generada por este problema ya es de alrededor de 1.900 millones de euros.